Chantaje Emocional
RAFAEL ITURRIAGA NIEVA /CONSEJERO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS
Damos por supuesto que los proyectos políticos están inspirados por la búsqueda sincera del bien común. No obstante, el paso de los planteamientos políticos al Boletín Oficial no está exento de reglas. El Estado de Derecho no fía todo a la benevolencia del gobernante, por mucho que se trate de un gobernante legítimo.
El legislador nunca escribe sobre un folio en blanco. El edificio jurídico es un sistema, un conjunto armónica y jerárquicamente ordenado de normas, en cuya cúspide se halla, como todos sabemos, la Constitución, norma fundamental del Estado, y en el frontispicio de la propia Constitución, los Valores Superiores del Ordenamiento Jurídico, que entre nosotros son, conviene no olvidarlo, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político (Art.1).
Hay un evidente riesgo en la utilización abusiva del instrumento legislativo (caracterizado por sus notas de generalidad y perdurabilidad) para la solución de problemas políticos inmediatos.
No se trata de sostener una tesis conservadora sino de evitar el uso excesivo de una 'alegre' cirugía legislativa que parte de una ingenua creencia de que lo publicado en el BOE ocurre de verdad, lo que es mucho suponer. Las normas, desde luego, son necesarias, pero no sustituyen a la gestión, incluso, a veces, la enmascaran. Una gestión política transformadora está tan lejos del 'laissez faire, laissez passer' como de bienintencionados intentos de hacer ingeniería social desde el Parlamento. Hace falta una gran osadía y muy poco respeto por los demás para establecer coacciones a la libertad de los ciudadanos con la pretensión estalinista de ayudarles a 'hacer lo correcto' o a ser más felices.
En este sentido, llama la atención la noticia, publicada en diversos medios el pasado 21 de mayo de que el Ministerio de Justicia proyecta reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con dos finalidades. Por una parte, «impedir que una mujer que haya denunciado una situación de maltrato por parte de su pareja pueda retirar las acusaciones» (sic.) y, además, reformar específicamente el artículo 416 que dispensa de la obligación de declarar contra el procesado a su cónyuge, hijos y otros parientes cercanos.
Aparentemente la intención que mueve al Ministerio de Justicia no puede ser más loable. Sin embargo, algo no termina de encajar. Para empezar, porque la mayoría de los delitos (y, desde luego, todos aquellos que tienen que ver con la violencia de género) son delitos 'perseguibles de oficio', es decir, que no requieren denuncia ni querella por parte del ofendido. Aún más, resulta un verdadero sarcasmo esa responsabilización en la víctima, la mujer, del destino de un procedimiento cuando no hay norma (ni en España ni en el mundo entero) que 'obligue' a la víctima común a denunciar.
La víctima es el eslabón más vulnerable de toda la cadena de respuesta del Estado de Derecho ante el delito, singularmente en estos casos de violencia ejercida en la intimidad y entre personas cuyos lazos tienen indefectiblemente un gran componente psicológico, emocional. ¿Cómo puede plantearse siquiera el establecimiento de semejante 'obligación' para el más débil cuando quienes sí están obligados (obligados sin necesidad de reformar legislación alguna) no cumplen, al parecer, con su deber?
Para comenzar, los funcionarios del Ministerio Fiscal (Art. 105 Ley de Enjuiciamiento Criminal) y, por extensión, los policías y personal de los servicios sociales que tienen conocimiento de este tipo de situaciones, así como los médicos, tanto de los servicios de urgencia como de los de atención primaria donde se observan una y otra vez patologías que ponen en evidencia un maltrato que la propia víctima coaccionada, avergonzada o desgraciadamente enamorada (que tanto da) intenta patéticamente disimular. A este respecto es muy recomendable un vistazo al informe de Amnistía Internacional sobre el cumplimiento al cabo de un año (ahora llevamos casi dos) de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Por el contrario, el hecho mismo de plantear la reforma de la ley envía a la opinión pública un mensaje exculpatorio. Si no se hace más, se viene a decir, no es por nuestra propia incapacidad o desidia, es por la falta de un adecuado instrumento legislativo. Nuestras manos, deseosas de actividad, permanecen atadas a nuestro pesar. Este argumento (que desgraciadamente se ha repetido 'ad nauseam' en los últimos días) es, sencillamente, falso. Burda mentira.
Muchísimos procedimientos iniciados (policial o judicialmente) son archivados con la excusa de que la mujer 'ha quitado la denuncia'. En tales casos, policías y jueces están incumpliendo palmariamente el vigente artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por lo menos en este punto, solamente requiere cumplimiento, no reforma.
En relación al segundo asunto, ha de hacerse notar que el artículo 416 exime, entre otros, al cónyuge de la obligación de declarar... ¿como testigo! Malamente, pues, podría una modificación del tipo de la planteada impulsar a nada a las víctimas puesto que las víctimas no son, como es obvio, testigos, sino partes del proceso penal.
Es lógico que en el instante inicial de un procedimiento no exista más indicio que lo relatado en la propia denuncia, por lo que una defección posterior del denunciante dificulta el desarrollo de la investigación. Dificulta, pero no impide. Si, como se señala tantas veces, policía e incluso jueces desconfiaban de la veracidad de la 'retirada' de las denuncias, ¿que razón les impedía investigar aun contra la voluntad de la acobardada o coaccionada víctima?
Puede compartirse, entonces, la intención que inspira la intervención de Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad, y de otras voces, pero la medida es distorsionadora del procedimiento, limitadora de la libertad individual, totalmente ineficaz y, lo que puede ser peor, dañina. Imaginemos por un momento que tales tesis prosperaran y estableciéramos la obligación de declarar de la víctima como testigo y por miedo, chantaje emocional o lo que sea, ésta se niega obstinadamente a hacerlo o incluso miente. ¿Qué hacemos? ¿La procesamos por obstrucción a la Justicia (463.1 del Código Penal) o por falso testimonio (458 y ss.)
martes, 19 de junio de 2007
La Justicia reitera que la mujer asesinada en Vitoria no pidió protección pese a poner 2 denuncias
5 de junio
«Se cumplió la ley. No tenemos una bola de cristal», zanja el fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria El Ayuntamiento se personará como acusación particular
I. OCHOA DE OLANO i.o.olano@diario-elcorreo.com/VITORIA
Dos familiares de Asun Villalba se abrazan en el funeral. / J. MONTES
Los estamentos judiciales cerraron ayer filas en torno a la actuación de los jueces y el Ministerio Público en el caso de Asun Villalba, la ama de casa acuchillada de forma salvaje el sábado en su casa de Sansomendi a manos de su marido. Consideran que se procedió «conforme a la ley», puesto que la víctima retiró tanto la denuncia por maltrato psíquico que interpuso contra su agresor el pasado diciembre, como otra, de similar naturaleza, que presentó hace ya cinco años y cuya existencia trascendió ayer. Recalcan, asimismo, que no reclamó protección alguna, en contra de lo que la Ertzaintza aseguró, mediante un comunicado difundido apenas horas después de que ocurriera el terrible homicidio.
El primero en respaldar el procedimiento seguido fue el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria. Lo hizo ante los medios de comunicación, a quienes convocó en su despacho a mediodía de ayer. Josu Izaguirre explicó que el pasado diciembre Asun Villalba denunció que era una «víctima de maltrato psicológico» por parte de su pareja, «por lo que se inició el correspondiente protocolo para la concesión de una orden de protección». Según el relato del Ministerio Público, con posterioridad, y ante el juzgado de violencia doméstica, la mujer dijo que «quería separarse; que su marido no le pegaba, pero le insultaba de forma continua, que no le tenía miedo y que renunciaba a toda acción civil o penal» en contra de su esposo. «Sólo solicitó la concesión de las correspondientes ayudas sociales. No pidió el alejamiento del presunto agresor o cualquier otra medida para su protección», enfatizó.
Pese a que ese día la víctima «no hizo referencia alguna a la existencia de denuncias anteriores», Izaguirre reveló que, según los archivos judiciales, puso otra hace cinco años, «que fue retirada por ella misma». En la misma afirmaba haber recibido un golpe, «lo que en aquel momento suponía una falta y no un delito, como se calificaría con las últimas reformas legales», aseguró.
El fiscal zanjó que, ante las manifestaciones de la mujer, el juzgado no podía dictar ninguna orden de protección. Recordó, a renglón seguido, que se procedió al sobreseimiento provisional de las actuaciones «por no quedar acreditados los hechos». «Se ha actuado conforme a los datos que había encima de la mesa. No tenemos una bola de cristal», indicó.
Más sensibilización
En la misma línea se expresó el Consejo General del Poder Judicial. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica de ese organismo, Monserrat Comas, aseguró que la actuación de los jueces «fue absolutamente correcta». También la fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, subrayó que «el juez y el fiscal actuaron conforme a la ley al archivar las actuaciones».
Similar opinión defendió la delegada especial del Gobierno central contra la violencia hacia las mujeres, quien abogó por «extremar las labores de sensibilizaciones. No podemos asistir a declaraciones de los vecinos de que esta muerte iba a suceder y no denunciarla. De haberlo hecho, la valoración del juez habría sido otra», señaló Encarnación Orozco.
Mientras el Poder Judicial trataba ayer de sofocar la polémica suscitada en torno a este caso, la asociación contra el maltrato de género Clara Campoamor acudía a los juzgados de Vitoria a presentar el escrito para ejercitar la acusación popular contra el presunto homicida, tal y como ya había anunciado. No estará sola en el cometido. El Ayuntamiento se pronunció en el mismo sentido, con lo que también participará en el procedimiento judicial desempeñando el mismo papel.
La Corporación, que aprobó un texto de condena, ha convocado, además, para el mediodía de hoy una concentración de repulsa ante las agresiones a las mujeres y de solidaridad con la familia de la víctima. Tendrá lugar frente a la Casa Consistorial.
La Asamblea de Mujeres de Álava hacía ayer lo propio y a gritos por las calles de la ciudad, mientras, en el barrio de Sansomendi, familiares, amigos y vecinos abarrotaban la parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores para asistir al funeral de AsunVillalba. Por la mañana, habían dado su último adiós a esta mujer, de 35 años, madre de una joven, y ama de casa que ayer mismo iba a estrenarse en un trabajo fuera de sus labores domésticas. Lo hacían en el cementerio de El Salvador y para siempre.
«Se cumplió la ley. No tenemos una bola de cristal», zanja el fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria El Ayuntamiento se personará como acusación particular
I. OCHOA DE OLANO i.o.olano@diario-elcorreo.com/VITORIA
Dos familiares de Asun Villalba se abrazan en el funeral. / J. MONTES
Los estamentos judiciales cerraron ayer filas en torno a la actuación de los jueces y el Ministerio Público en el caso de Asun Villalba, la ama de casa acuchillada de forma salvaje el sábado en su casa de Sansomendi a manos de su marido. Consideran que se procedió «conforme a la ley», puesto que la víctima retiró tanto la denuncia por maltrato psíquico que interpuso contra su agresor el pasado diciembre, como otra, de similar naturaleza, que presentó hace ya cinco años y cuya existencia trascendió ayer. Recalcan, asimismo, que no reclamó protección alguna, en contra de lo que la Ertzaintza aseguró, mediante un comunicado difundido apenas horas después de que ocurriera el terrible homicidio.
El primero en respaldar el procedimiento seguido fue el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria. Lo hizo ante los medios de comunicación, a quienes convocó en su despacho a mediodía de ayer. Josu Izaguirre explicó que el pasado diciembre Asun Villalba denunció que era una «víctima de maltrato psicológico» por parte de su pareja, «por lo que se inició el correspondiente protocolo para la concesión de una orden de protección». Según el relato del Ministerio Público, con posterioridad, y ante el juzgado de violencia doméstica, la mujer dijo que «quería separarse; que su marido no le pegaba, pero le insultaba de forma continua, que no le tenía miedo y que renunciaba a toda acción civil o penal» en contra de su esposo. «Sólo solicitó la concesión de las correspondientes ayudas sociales. No pidió el alejamiento del presunto agresor o cualquier otra medida para su protección», enfatizó.
Pese a que ese día la víctima «no hizo referencia alguna a la existencia de denuncias anteriores», Izaguirre reveló que, según los archivos judiciales, puso otra hace cinco años, «que fue retirada por ella misma». En la misma afirmaba haber recibido un golpe, «lo que en aquel momento suponía una falta y no un delito, como se calificaría con las últimas reformas legales», aseguró.
El fiscal zanjó que, ante las manifestaciones de la mujer, el juzgado no podía dictar ninguna orden de protección. Recordó, a renglón seguido, que se procedió al sobreseimiento provisional de las actuaciones «por no quedar acreditados los hechos». «Se ha actuado conforme a los datos que había encima de la mesa. No tenemos una bola de cristal», indicó.
Más sensibilización
En la misma línea se expresó el Consejo General del Poder Judicial. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica de ese organismo, Monserrat Comas, aseguró que la actuación de los jueces «fue absolutamente correcta». También la fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, subrayó que «el juez y el fiscal actuaron conforme a la ley al archivar las actuaciones».
Similar opinión defendió la delegada especial del Gobierno central contra la violencia hacia las mujeres, quien abogó por «extremar las labores de sensibilizaciones. No podemos asistir a declaraciones de los vecinos de que esta muerte iba a suceder y no denunciarla. De haberlo hecho, la valoración del juez habría sido otra», señaló Encarnación Orozco.
Mientras el Poder Judicial trataba ayer de sofocar la polémica suscitada en torno a este caso, la asociación contra el maltrato de género Clara Campoamor acudía a los juzgados de Vitoria a presentar el escrito para ejercitar la acusación popular contra el presunto homicida, tal y como ya había anunciado. No estará sola en el cometido. El Ayuntamiento se pronunció en el mismo sentido, con lo que también participará en el procedimiento judicial desempeñando el mismo papel.
La Corporación, que aprobó un texto de condena, ha convocado, además, para el mediodía de hoy una concentración de repulsa ante las agresiones a las mujeres y de solidaridad con la familia de la víctima. Tendrá lugar frente a la Casa Consistorial.
La Asamblea de Mujeres de Álava hacía ayer lo propio y a gritos por las calles de la ciudad, mientras, en el barrio de Sansomendi, familiares, amigos y vecinos abarrotaban la parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores para asistir al funeral de AsunVillalba. Por la mañana, habían dado su último adiós a esta mujer, de 35 años, madre de una joven, y ama de casa que ayer mismo iba a estrenarse en un trabajo fuera de sus labores domésticas. Lo hacían en el cementerio de El Salvador y para siempre.
Padres en Bolivia abusan de sus hijos
En el 83% de los hogares de Bolivia, los niños y los adolescentes han sido maltratados física o psicológicamente.
EFE
5 de Junio de 2007
1.2 millones han sido golpeados
Castigos severos
Comenta esta Noticia en los Foros de Univision
LA PAZ, Bolivia - En el 83 por ciento de los hogares de Bolivia, los niños y adolescentes hasta 20 años son o han sido maltratados física o psicológicamente, generalmente por uno o ambos progenitores, según un estudio dado a conocer.
1.2 millones han sido golpeados
El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), está basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) realizada en 2003.
De los más de 4.4 millones de menores de 20 años que había en Bolivia entonces, casi 1.2 millones habían sido vejados físicamente al menos una vez y 1.1 millones más habían sufrido algún maltrato psicológico en el hogar.
El estudio detalla que el 56 por ciento de las madres biológicas creen que sus hijos merecen castigos y, entre las razones para aplicarlos, citan en primer lugar la desobediencia, seguida de "renegar o hacer renegar", y llegar tarde.
Además, agrega que más del 75 por ciento de las madres han castigado en alguna ocasión a sus hijos e hijas, frente al 53 por ciento de los padres biológicos que lo han hecho.
En el acto de presentación del informe, el representante de UNICEF en Bolivia, Jonathan Lewis, precisó que esa diferencia no es atribuible a que los padres tengan más reparo en maltratar a los niños, sino a que muchas veces no participan en la educación de sus hijos.
En cuanto a la escuela, el 55 por ciento de los profesores bolivianos suelen ejercer prácticas violentas con sus alumnos.
De los más de 4.4 millones de menores de 20 años que había en Bolivia entonces, casi 1.2 millones habían sido vejados físicamente al menos una vez y 1.1 millones más habían sufrido algún maltrato psicológico en el hogar.
EFE
5 de Junio de 2007
1.2 millones han sido golpeados
Castigos severos
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LA PAZ, Bolivia - En el 83 por ciento de los hogares de Bolivia, los niños y adolescentes hasta 20 años son o han sido maltratados física o psicológicamente, generalmente por uno o ambos progenitores, según un estudio dado a conocer.
1.2 millones han sido golpeados
El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), está basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) realizada en 2003.
De los más de 4.4 millones de menores de 20 años que había en Bolivia entonces, casi 1.2 millones habían sido vejados físicamente al menos una vez y 1.1 millones más habían sufrido algún maltrato psicológico en el hogar.
El estudio detalla que el 56 por ciento de las madres biológicas creen que sus hijos merecen castigos y, entre las razones para aplicarlos, citan en primer lugar la desobediencia, seguida de "renegar o hacer renegar", y llegar tarde.
Además, agrega que más del 75 por ciento de las madres han castigado en alguna ocasión a sus hijos e hijas, frente al 53 por ciento de los padres biológicos que lo han hecho.
En el acto de presentación del informe, el representante de UNICEF en Bolivia, Jonathan Lewis, precisó que esa diferencia no es atribuible a que los padres tengan más reparo en maltratar a los niños, sino a que muchas veces no participan en la educación de sus hijos.
En cuanto a la escuela, el 55 por ciento de los profesores bolivianos suelen ejercer prácticas violentas con sus alumnos.
De los más de 4.4 millones de menores de 20 años que había en Bolivia entonces, casi 1.2 millones habían sido vejados físicamente al menos una vez y 1.1 millones más habían sufrido algún maltrato psicológico en el hogar.
Detienen al jefe de la Policía Local por maltrato en el ámbito familiar
Jueves, 14 de Junio de 2007. Portada | Provincia
05/06/07 02:56 JUAN J. SÁNCHEZ
El jefe de la Policía Local de Palma del Río, J. A. B. V. de 40 años, ha sido detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar en la persona de su esposa, lo que ha provocado además el relevo de sus funciones de forma temporal. Los hechos se produjeron la noche del pasado viernes, cuando la esposa del agente se personó en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de la Vega del Guadalquivir y denunció a su marido por amenazas y maltrato psicológico.
Los agentes detuvieron entonces a J. A. B. V. esa misma noche y lo tuvo retenido en las dependencias del cuartel, hasta que durante la mañana del domingo pasó a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas. Tras prestar declaración, el juez ordenó la retirada del arma reglamentaria del agente y que permanezca alejado del cuartel de la Policía Local, ya que en esas dependencias se guarda armamento. Además, la esposa pidió una orden de alejamiento que le fue concedida, con lo que el jefe de la Policía Local no puede acercarse a menos de 500 metros de su esposa, que según ha podido saber el Día ha decidido trasladarse a casa de unos familiares en la provincia de Sevilla.
J. A. B. V. permanece ahora mismo en libertad y el Ayuntamiento le ha concedido vacaciones mientras se resuelve el caso. Según informó el concejal de seguridad, Andrés Rey (PSOE), este hombre llevaba tres años residiendo en Palma del Río con su esposa, pero ostentaba el cargo de jefe de la Policía Local desde hacía cinco años. Rey aseguró que "la mujer presentó denuncia por primera vez y que el Ayuntamiento no tiene conocimiento de algún antecedente de este tipo ni hemos tenido queja alguna respecto sobre su comportamiento", precisó.
Se da la circunstancia de que J. A. B. V. presentó hace unas semanas su dimisión en el cargo al considerar que el alto índice de bajas por enfermedad en el cuerpo policial no permitía garantizar la seguridad del municipio durante la Feria de Mayo. No obstante, se mantenía al frente de la Policía Local de Palma del Río porque su dimisión no fue aceptada por el equipo de gobierno municipal por no haberse presentado por los cauces reglamentarios. Además, esta queja del entonces responsable policial provocó que la Guardia Civil intensificara la vigilancia durante la feria de la localidad de la Vega del Guadalquivir.
05/06/07 02:56 JUAN J. SÁNCHEZ
El jefe de la Policía Local de Palma del Río, J. A. B. V. de 40 años, ha sido detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar en la persona de su esposa, lo que ha provocado además el relevo de sus funciones de forma temporal. Los hechos se produjeron la noche del pasado viernes, cuando la esposa del agente se personó en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de la Vega del Guadalquivir y denunció a su marido por amenazas y maltrato psicológico.
Los agentes detuvieron entonces a J. A. B. V. esa misma noche y lo tuvo retenido en las dependencias del cuartel, hasta que durante la mañana del domingo pasó a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Posadas. Tras prestar declaración, el juez ordenó la retirada del arma reglamentaria del agente y que permanezca alejado del cuartel de la Policía Local, ya que en esas dependencias se guarda armamento. Además, la esposa pidió una orden de alejamiento que le fue concedida, con lo que el jefe de la Policía Local no puede acercarse a menos de 500 metros de su esposa, que según ha podido saber el Día ha decidido trasladarse a casa de unos familiares en la provincia de Sevilla.
J. A. B. V. permanece ahora mismo en libertad y el Ayuntamiento le ha concedido vacaciones mientras se resuelve el caso. Según informó el concejal de seguridad, Andrés Rey (PSOE), este hombre llevaba tres años residiendo en Palma del Río con su esposa, pero ostentaba el cargo de jefe de la Policía Local desde hacía cinco años. Rey aseguró que "la mujer presentó denuncia por primera vez y que el Ayuntamiento no tiene conocimiento de algún antecedente de este tipo ni hemos tenido queja alguna respecto sobre su comportamiento", precisó.
Se da la circunstancia de que J. A. B. V. presentó hace unas semanas su dimisión en el cargo al considerar que el alto índice de bajas por enfermedad en el cuerpo policial no permitía garantizar la seguridad del municipio durante la Feria de Mayo. No obstante, se mantenía al frente de la Policía Local de Palma del Río porque su dimisión no fue aceptada por el equipo de gobierno municipal por no haberse presentado por los cauces reglamentarios. Además, esta queja del entonces responsable policial provocó que la Guardia Civil intensificara la vigilancia durante la feria de la localidad de la Vega del Guadalquivir.
Múltiples voces en defensa de la ley contra la violencia de género
4 de junio 2007
La muerte en una semana de, al menos, cuatro mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, levantó hoy múltiples voces a favor de la ley contra la violencia de género -sin olvidar la necesidad de mejorar su aplicación-, y en defensa de la actuación de las instituciones en el último caso de violencia en Vitoria.
Múltiples voces en defensa de la ley contra la
Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, del 28 de mayo al 2 de junio han muerto cuatro mujeres a causa de la violencia de género, y se investigan dos casos más en el mismo periodo para saber si están encuadrados dentro de esta trágica estadística.
Los datos proporcionados hoy a EFE por la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, sitúan en once el número total de víctimas mortales en todo el mes de mayo, y en dos en lo que va de junio.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que la cifra de mujeres muertas en la última semana no significa un 'repunte' de esta violencia, y avanzó la intención del Gobierno de intensificar y mejorar la aplicación de las normas.
'Entre el 3 de junio de 2006 y el 3 de junio de 2007 hemos perdido a 64 mujeres, en el mismo periodo 2005/06 fueron 68. No me consuela, no es ninguna justificación, pero es para que tengamos los datos correctos', agregó el titular de Trabajo y Asuntos Sociales.
'El Gobierno -dijo- intensificará la aplicación de las normas, creo que todo el mundo coincide en que la ley (integral) es necesaria y su aplicación debe ser mejorada'.
Defendió además la actuación del juez en el último caso producido el día 2 en Vitoria, en el que la víctima no ratificó su denuncia de maltrato psicológico contra su marido.
En similares términos, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, opinó que no están fallando las instituciones en la persecución de estos casos y, por contra, hay que buscar las responsabilidades en los autores de los crímenes.
Comas señaló a EFE que, sin la colaboración de la víctima, 'es difícil poder investigar estos delitos, que suceden intramuros y sin testigos presentes',
Igualmente, la Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, aseguró que tanto el juez como el fiscal de Vitoria que llevaron el caso de María Asunción Villalba, la mujer apuñalada presuntamente por su marido el pasado sábado en Vitoria, 'actuaron correctamente al archivar las actuaciones'.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, opinó necesario hacer 'un verdadero diagnóstico' de las situaciones de riesgo en casos de violencia de género para determinar la protección necesaria o la persecución de cada situación.
A su juicio, 'hay que hacer un análisis de los supuestos de muerte en profundidad, porque nos va a ayudar a afinar en algo que es la gran preocupación, y es el diagnóstico de las situaciones de riesgo, porque no se debe utilizar el mismo aparataje y la misma técnica de persecución y protección ante situaciones de riesgo diferentes'.
Para el ministro de Justicia, la ley integral, que entró en vigor en 2004, 'está sirviendo en la medida en que las cifras no son las que eran, y sobre todo hay una enorme sensibilización que no existía' para abordar este fenómeno.
En sentido contrario, el director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, denunció que el Gobierno no asume 'ninguna responsabilidad' ante los casos de violencia de género, que, sólo en la última semana, le han costado la vida a 'cinco mujeres'.
Beltrán recordó, en rueda de prensa, que aunque la aprobación de la Ley integral supuso un 'paso importante', adolece de 'enormes deficiencias'.
Por otro lado, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, denunció que los abogados de violencia de género son responsables de que la ley no funcione bien, porque 'insistentemente' dicen a las víctimas que las denuncias no sirven para nada y las convencen para retirarlas.
'La ley no es responsable de la aplicación que se hace de ella', sino que los responsables de que la Ley integral no funcione son los que la aplican, es decir, jueces, fiscales y, sobre todo, los letrados', dijo.
Terra Actualidad - EFE
La muerte en una semana de, al menos, cuatro mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, levantó hoy múltiples voces a favor de la ley contra la violencia de género -sin olvidar la necesidad de mejorar su aplicación-, y en defensa de la actuación de las instituciones en el último caso de violencia en Vitoria.
Múltiples voces en defensa de la ley contra la
Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, del 28 de mayo al 2 de junio han muerto cuatro mujeres a causa de la violencia de género, y se investigan dos casos más en el mismo periodo para saber si están encuadrados dentro de esta trágica estadística.
Los datos proporcionados hoy a EFE por la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, sitúan en once el número total de víctimas mortales en todo el mes de mayo, y en dos en lo que va de junio.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que la cifra de mujeres muertas en la última semana no significa un 'repunte' de esta violencia, y avanzó la intención del Gobierno de intensificar y mejorar la aplicación de las normas.
'Entre el 3 de junio de 2006 y el 3 de junio de 2007 hemos perdido a 64 mujeres, en el mismo periodo 2005/06 fueron 68. No me consuela, no es ninguna justificación, pero es para que tengamos los datos correctos', agregó el titular de Trabajo y Asuntos Sociales.
'El Gobierno -dijo- intensificará la aplicación de las normas, creo que todo el mundo coincide en que la ley (integral) es necesaria y su aplicación debe ser mejorada'.
Defendió además la actuación del juez en el último caso producido el día 2 en Vitoria, en el que la víctima no ratificó su denuncia de maltrato psicológico contra su marido.
En similares términos, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, opinó que no están fallando las instituciones en la persecución de estos casos y, por contra, hay que buscar las responsabilidades en los autores de los crímenes.
Comas señaló a EFE que, sin la colaboración de la víctima, 'es difícil poder investigar estos delitos, que suceden intramuros y sin testigos presentes',
Igualmente, la Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, aseguró que tanto el juez como el fiscal de Vitoria que llevaron el caso de María Asunción Villalba, la mujer apuñalada presuntamente por su marido el pasado sábado en Vitoria, 'actuaron correctamente al archivar las actuaciones'.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, opinó necesario hacer 'un verdadero diagnóstico' de las situaciones de riesgo en casos de violencia de género para determinar la protección necesaria o la persecución de cada situación.
A su juicio, 'hay que hacer un análisis de los supuestos de muerte en profundidad, porque nos va a ayudar a afinar en algo que es la gran preocupación, y es el diagnóstico de las situaciones de riesgo, porque no se debe utilizar el mismo aparataje y la misma técnica de persecución y protección ante situaciones de riesgo diferentes'.
Para el ministro de Justicia, la ley integral, que entró en vigor en 2004, 'está sirviendo en la medida en que las cifras no son las que eran, y sobre todo hay una enorme sensibilización que no existía' para abordar este fenómeno.
En sentido contrario, el director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, denunció que el Gobierno no asume 'ninguna responsabilidad' ante los casos de violencia de género, que, sólo en la última semana, le han costado la vida a 'cinco mujeres'.
Beltrán recordó, en rueda de prensa, que aunque la aprobación de la Ley integral supuso un 'paso importante', adolece de 'enormes deficiencias'.
Por otro lado, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, denunció que los abogados de violencia de género son responsables de que la ley no funcione bien, porque 'insistentemente' dicen a las víctimas que las denuncias no sirven para nada y las convencen para retirarlas.
'La ley no es responsable de la aplicación que se hace de ella', sino que los responsables de que la Ley integral no funcione son los que la aplican, es decir, jueces, fiscales y, sobre todo, los letrados', dijo.
Terra Actualidad - EFE
MALOS TRATOS. FERNÁNDEZ BERMEJO DICE QUE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO "ESTA SIRVIENDO" PARA COMBATIR ESTA LACRA
SERVIMEDIA
MADRID, 04-JUN-2007
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó hoy que la Ley Integral contra la Violencia de Género "está sirviendo" para combatir esta lacra, y añadió que ahora existe un grado de sensibilización contra este fenómeno "que antes no existía".
Tras inaugurar unas jornadas sobre "Inmigración y Justicia", organizadas por el Consejo General de Procuradores de España, Fernández Bermejo dijo que el fenómeno de la violencia de género "se está tratando como debe tratarse".
Fernández Bermejo recalcó que el tiempo de aplicación de la citada ley "es muy escaso" y que "estamos ante un problema que está muy enraizado. No perdamos de vista que mucho más importante que las medidas que se pueden tomar desde la Justicia, son las medidas que hay que tomar en la educación".
"La educación en los rudos parámetros machistas, que es lo que está en el origen de este fenómeno, debe ser superada en una educación en la convivencia y en la solidaridad. Eso dará sus frutos más tarde y no podemos olvidar que los fenómenos sociales no se arreglan sólo con medidas represivas", afirmó.
El titular de Justicia también dijo que "el gran reto" ante esta lacra "es seguir avanzando a fondo para poder hacer un verdadero análisis previo, un verdadero diagnóstico de las situaciones de riesgo".
MADRID, 04-JUN-2007
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó hoy que la Ley Integral contra la Violencia de Género "está sirviendo" para combatir esta lacra, y añadió que ahora existe un grado de sensibilización contra este fenómeno "que antes no existía".
Tras inaugurar unas jornadas sobre "Inmigración y Justicia", organizadas por el Consejo General de Procuradores de España, Fernández Bermejo dijo que el fenómeno de la violencia de género "se está tratando como debe tratarse".
Fernández Bermejo recalcó que el tiempo de aplicación de la citada ley "es muy escaso" y que "estamos ante un problema que está muy enraizado. No perdamos de vista que mucho más importante que las medidas que se pueden tomar desde la Justicia, son las medidas que hay que tomar en la educación".
"La educación en los rudos parámetros machistas, que es lo que está en el origen de este fenómeno, debe ser superada en una educación en la convivencia y en la solidaridad. Eso dará sus frutos más tarde y no podemos olvidar que los fenómenos sociales no se arreglan sólo con medidas represivas", afirmó.
El titular de Justicia también dijo que "el gran reto" ante esta lacra "es seguir avanzando a fondo para poder hacer un verdadero análisis previo, un verdadero diagnóstico de las situaciones de riesgo".
Se protegerá al adulto mayor del maltrato
Por aprobarse dictamen de ley: Victoria Labastida
El Sol de San Luis
4 de junio de 2007
Redacción / El Sol de San Luis
San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Ley de Protección a los Adultos Mayores permitirá la implementación de políticas públicas para atender las necesidades de las personas de la tercera edad en el estado.
Así lo consideró la diputada Victoria Labastida Aguirre, vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social, al manifestar que el dictamen será aprobado pronto en comisiones para después presentarlo al plano.
Precisó que esta ley contemplará acciones de protección contra el maltrato en todas sus variantes, ya sea físico, psicológico emocional e incluso explotación económica que pudieran sufrir las personas adultas mayores.
"Esta ley es muy importante, es un tema en el que tenemos que legislar porque no se puede eludir la problemática de crecimiento de población adulta mayor, que se va a incrementar considerablemente en los próximos años, vamos a ser muchos adultos mayores y si no empezamos a prever este problema puede resultar muy serio a nivel social".
Consideró que para lograr que las políticas públicas que se realicen hoy puedan dar frutos en los próximos años, será necesario que la población actual tome conciencia y previsiones en su vida futura, principalmente en materia de salud.
"Hay que hacer hincapié en la prevención para llegar en mejores condiciones a la tercera edad, ya que la perspectiva de vida se ha ampliado y se deben impulsar más programas para tratar enfermedades prevenibles, tener mayor aceptación y sensibilidad en las familias ante los miembros de la tercera edad para que se queden en ese ambiente y obtengan seguridad".
Por otro lado, indicó que será un paso importante la reforma que la Comisión de Salud presentará en breve ante el pleno del Congreso del Estado para reformar el artículo 21 de la Ley de Asistencia Social en materia de adopciones, misma que estará en concordancia con las reformas que se realicen en el ámbito nacional en la materia.
Dijo que a nivel nacional se busca la unificación de criterios para que los procesos de adopción sean similares en todo el país y principalmente, que se logren agilizar los trámites para las personas que solicitan adoptar a un menor, dado que esto se ha convertido en un proceso largo y pesado.
"Este es el primer paso, sabemos que tendremos que revisar junto con las instancias responsables de adopciones en el estado, temas específicos para la legislación local para dar seguridad a los niños, tutelar sus derechos y para los padres adoptivos hacerles un proceso más suave".
El Sol de San Luis
4 de junio de 2007
Redacción / El Sol de San Luis
San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Ley de Protección a los Adultos Mayores permitirá la implementación de políticas públicas para atender las necesidades de las personas de la tercera edad en el estado.
Así lo consideró la diputada Victoria Labastida Aguirre, vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social, al manifestar que el dictamen será aprobado pronto en comisiones para después presentarlo al plano.
Precisó que esta ley contemplará acciones de protección contra el maltrato en todas sus variantes, ya sea físico, psicológico emocional e incluso explotación económica que pudieran sufrir las personas adultas mayores.
"Esta ley es muy importante, es un tema en el que tenemos que legislar porque no se puede eludir la problemática de crecimiento de población adulta mayor, que se va a incrementar considerablemente en los próximos años, vamos a ser muchos adultos mayores y si no empezamos a prever este problema puede resultar muy serio a nivel social".
Consideró que para lograr que las políticas públicas que se realicen hoy puedan dar frutos en los próximos años, será necesario que la población actual tome conciencia y previsiones en su vida futura, principalmente en materia de salud.
"Hay que hacer hincapié en la prevención para llegar en mejores condiciones a la tercera edad, ya que la perspectiva de vida se ha ampliado y se deben impulsar más programas para tratar enfermedades prevenibles, tener mayor aceptación y sensibilidad en las familias ante los miembros de la tercera edad para que se queden en ese ambiente y obtengan seguridad".
Por otro lado, indicó que será un paso importante la reforma que la Comisión de Salud presentará en breve ante el pleno del Congreso del Estado para reformar el artículo 21 de la Ley de Asistencia Social en materia de adopciones, misma que estará en concordancia con las reformas que se realicen en el ámbito nacional en la materia.
Dijo que a nivel nacional se busca la unificación de criterios para que los procesos de adopción sean similares en todo el país y principalmente, que se logren agilizar los trámites para las personas que solicitan adoptar a un menor, dado que esto se ha convertido en un proceso largo y pesado.
"Este es el primer paso, sabemos que tendremos que revisar junto con las instancias responsables de adopciones en el estado, temas específicos para la legislación local para dar seguridad a los niños, tutelar sus derechos y para los padres adoptivos hacerles un proceso más suave".
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