Que 344 mujeres hayan resultado muertas a manos de su pareja o ex-pareja en los últimos seis años es, cuando menos, un dato de suficiente relevancia para plantearnos qué es lo que se está haciendo mal. Estas últimas, incluida la más reciente, asesinada en salvajes circunstancias en Cee, son víctimas que sufrieron la violencia física con resultado de muerte, pero no debemos olvidar a esas miles y miles de mujeres que al cabo del año presentan las oportunas denuncias por delitos de lesiones y malos tratos en el ámbito familiar, y a las cuales el Estado no presta la protección suficiente (las víctimas protegidas están en torno al 5%).
Los expertos calculan que tan sólo se denuncia un 10% de estas agresiones, reduciéndose aún más esta cifra en el colectivo de mujeres inmigrantes, que unen a su condición de víctimas la de irregulares, lo que les impide solicitar una ayuda que podría salvarles la vida. El hecho de que el 98% de las víctimas hayan denunciado a sus agresores es un dato escalofriante que hace pensar si el sistema judicial y las fuerzas de seguridad supieron o pudieron protegerlas. Indudablemente algo hay que hacer. La ley obliga a los tribunales a actuar de oficio, aunque jueces y fiscales aleguen que resulta extremadamente difícil proteger a alguien que niega estar en peligro. Las mujeres maltratadas retiran el 15% de las denuncias interpuestas, por lo cual estimo necesario que el ejecutivo siga adelante con su planteamiento de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las víctimas, que hasta ahora podían negarse a declarar contra su cónyuge o pareja en aras de la «paz familiar», estén ahora obligadas a hacerlo. Coincido con prestigiosos expertos en la materia en que las instituciones deben actuar de oficio cuando tengan constancia de estos hechos, incluso en el caso que la agredida retire la denuncia. La violencia en el ámbito familiar no es algo privado.
Todos los grupos parlamentarios ven necesario impulsar nuevos medios de carácter legislativo y social, con el fin de mejorar la protección a las víctimas. De esta forma se evitarían situaciones kafkianas, por otra parte harto frecuentes, como aquellas que por el hecho de presentar una denuncia sin prueba ni indicio alguno, determinados jueces dictan ipso facto órdenes de alejamiento que en ocasiones se caen por su propio peso.
Ahora me van a permitir un consejo de jurista dirigido a reales o potenciales víctimas. No pasen ni una. Ante la más mínima agresión, denuncien. El maltratador es cobarde y reincidente al cien por ciento. Sus agresiones no se producen de forma aislada, sino que siguen un patrón constante en el tiempo. Hoy será una bofetada, mañana una paliza, y al otro...
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