jueves, 14 de junio de 2007

Jueces piden que la ley obligue a las víctimas a declarar para no dejar impune el maltrato

La ley obliga a los tribunales a actuar de oficio, aunque jueces y fiscales alegan que es «imposible» proteger a alguien que niega estar en peligro.

Las mujeres maltratadas retiran el 15% de las denuncias que interponen.

SERGIO GARCÍA/BILBAO

La muerte de Asun Villalba a manos de su marido el pasado fin de semana en Vitoria ha puesto sobre la mesa uno de los aspectos más espinosos de la batalla legal emprendida para atajar la violencia de género. La denuncia interpuesta en calidad de «víctima de maltrato psicológico» y la imposibilidad de que el juez dictase una orden de protección ante la posterior renuncia de ella «a toda acción civil o penal» contra su esposo, ha avivado el debate sobre la necesidad de que los tribunales actúen de oficio para proteger a estas mujeres... aunque no quieran.

Alfonso González Guija, coordinador juzgados de violencia doméstica del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cree que la iniciativa merece ser tenida en cuenta y no le parece desajustada a derecho. «La valoro positivamente, y más en un contexto como éste en el que a menudo faltan pruebas de cargo». El magistrado, sin embargo, hace una advertencia: si no hay voluntad de incriminar, la mujer puede incurrir en falso testimonio, y si no acude a declarar, ser detenida». A su juicio, es «evidente» que en el crimen de Vitoria el sistema no ha funcionado -«transmitir lo contrario sería pecar de corporativismo»-, aunque no tiene ningún reproche para la labor de jueces y fiscales. «Resulta más fácil dar una orden de protección que denegarla, aunque sea para curarse en salud. El problema -añade- es cuando la víctima no es consciente del riesgo ni transmite esa sensación al juez».

«No es algo privado»

María Tardón, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia de género, no alberga ninguna duda. Las instituciones deben actuar de oficio cuando tengan conocimiento, por el medio que sea, de que ha podido producirse un acto de esta naturaleza, incluso en el caso de que la víctima 'retire' la denuncia, «expresión inexacta, porque la denuncia es una manifestación de que se han producido unos hechos perseguibles y que, una vez hecha, ya despliega todos sus efectos independientemente de la voluntad de la víctima».

La magistrada advierte de que, en caso contrario, «se correría el riesgo de entender que la violencia en el ámbito de la pareja o de la familia, es algo privado» y que el Estado debe desentenderse de ellas hasta que las víctimas le pidan que intervenga. «Nuestro ordenamiento jurídico se rige por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, luego cualquier vulneración de tales derechos debe importar a los poderes públicos, lo denuncien los afectados o no».

Otra cosa son las órdenes de protección, advierte Tardón, «porque son medidas cautelares que se producen cuando todavía no se ha probado que ha habido una agresión, y que se va a iniciar un procedimiento para determinarlo». Y aquí el juez está siempre obligado a apreciar una situación de riesgo. «Es muy complicado, por no decir imposible, que si la persona a la que se debe proteger de un riesgo alega que el tal riesgo no existe, y que por ello va a reanudar la convivencia con su pareja, el juez pueda imponerle la obligación de no convivir con quien ha sido su agresor».

En el Observatorio de Violencia Doméstica, su responsable, Montserrat Comas, explica que en el día a día el fiscal se queda sin pruebas si la mujer retira su testimonio o se niega declarar contra su cónyuge -lo que ocurrió en Vitoria-, a menudo lo único que tiene a mano para sacar adelante el procedimiento. «Hablamos de una coacción verbal o un maltrato psicológico que no dejan rastro documental». El resultado es que el año pasado en España el 15% de las denunciantes se retractaron».

Para seguir adelante, el fiscal necesitará la declaración de la víctima. Comas aborda aquí la posibilidad de que las víctimas tengan obligación de declarar contra su cónyuge, consciente de que «esta dispensa está suponiendo en la práctica la impunidad de los agresores». «La única manera de frenar este riesgo -concluye- es que una vez puesta la denuncia, ésta prospere».

Víctimas que se culpan

En este contexto, Tardón es partidaria de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a una mujer de testificar contra su cónyuge. «No tiene sentido que la víctima tenga que ser advertida, como ocurre ahora, de que tiene derecho a no declarar contra su agresor. Esto les genera confusión y, al mismo tiempo, la sensación de que están rompiendo una cierta obligación moral o legal al acusarle. En la mayor parte de los casos -añade la magistrada- es un recurso para presionar a una víctima ya bastante debilitada, que además se culpa de la agresión».

Idéntica postura mostraba esta semana la Fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer Soledad Cazorla, para quien esta dispensa no tiene ningún sentido cuando la testigo es además víctima. «Imaginemos un hombre que viola a su sobrina. ¿Debemos proteger aquí los lazos familiares?». El complejo entramado de relaciones familiares es, a juicio de la fiscal, una trampa mortal. «La mujer suele bajar la guardia. No imagina que su compañero, el padre de sus hijos, pueda llegar a matarla, y por lo tanto a veces decide no declarar».

En declaraciones realizadas a un digital, Cazorla está también de acuerdo con que la retirada de las denuncias es el gran problema al que se enfrentan los fiscales, ya que se quedan «sin pruebas en muchas ocasiones» y recuerda que más del 30% de la retirada de las acusaciones se producen porque las víctimas no quieren declarar contra sus verdugos. «Si el acusado no tiene que declarar contra sí mismo y el testigo principal -la mujer- no testifica, nos quedamos sin pruebas».

Claro que no todos son de la opinión de que la falta de cooperación por parte de la víctima significa un punto y final en el procedimiento judicial. La presidenta de la Asociación Clara Campoamor no podía ser más clara esta semana. «La Fiscalía, los abogados del turno de oficio, la Policía, los servicios sociales... todos tienen que ponerse las pilas para evitar que episodios como el de Vitoria se repitan».

Pero Blanca Estrella va más allá. «¿Claro que muchas mujeres retiran la denuncia! ¿Para eso hicimos la Ley Integral Contra la Violencia de Género!», una norma -apostilla- «atada y bien atada», «con la que ninguna mujer que haya denunciado en este país puede morir». Sin embargo, obligar a la víctima a que declare en un juicio no es una posibilidad realista, «porque la víctimas siempre ponen en mayor riesgo su vida». La solución, a su juicio, pasa porque vecinos y familiares se animen a denunciar -«la ley les ofrece esa posibilidad»-. El juez, en definitiva, tiene que actuar si la mujer denuncia, no importa que luego se retracte. Lo que pasa es que debe contar con indicios suficientes y para que haga su trabajo, los pilares que sostienen su labor tienen que estar a la altura».

«Se puede hacer más»

Guillermo Portero, jefe de servicio de la Clínica Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, está de acuerdo con que se puede hacer más. «Más recursos y más personas para medir mejor la peligrosidad del maltratador y la vulnerabilidad de su víctima», algo fundamental cuando, a veces, las pruebas periciales son lo único que les queda a los jueces para determinar si la víctima de malos tratos que decide no declarar se manifiesta con libertad.

Como Portero, todos coinciden en que hace falta más coordinación. «La ley es mejorable, pero no tiene la culpa de nada. Su mayor virtud es que está logrando que se «visualice» un problema que se veía antes como un tabú. «No hay más casos, lo que pasa es que están más a la vista». Las estadísticas, entretanto, arrojan cifras espeluznantes: 344 mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en los últimos seis años, una media anual de 59 víctimas -el martes sumábamos ya 32-.

«La ley es joven y necesita recorrido -pide Montserrat Comas-, pero es un buen instrumento. Otra cosa es que no pueda cambiar de un día para otro una cultura machista y permisiva con patrones de dominio». Los mismos que recogía Raimunda de Peñafort en su libro 'Una juez frente al maltrato' cuando ponía en boca de un maltratador una aterradora frase: «Si no pego a mi mujer, ¿cómo la controlo?».
Articulos

Una mujer y un hombre mueren en dos episodios de violencia de género

LUNES, 11 DE JUNIO DE 2007

Un hombre, nacido en 1940, apuñaló mortalmente a su esposa y luego ingirió un líquido venenoso con la intención de quitarse la vida. Está en el HUC fuera de peligro. En otro ataque con arma blanca registrado en el núcleo santacrucero de Barranco Grande, un joven acuchilló al ex compañero de su pareja en una reyerta.

EL DÍA, S/C de Tenerife

La Isla de Tenerife vivió ayer otra fecha oscura ligada con las muertes asociadas con episodios de violencia de género. Cuando aún permanece fresca la noticia del tiroteo mortal que se produjo la tarde del pasado 30 de mayo en el barrio de La Gallega, en el que fallecieron David Marcelino D.D. y su esposa Davinia A.T., el 10 de junio acabó con una mujer, nacida en 1940, y un hombre, de 32 años, apuñalados hasta la muerte tras ser atacados, en el primero de los casos por su marido, y por parte del ex compañero de su pareja sentimental en el segundo.

Los sucesos ocurrieron en la capital tinerfeña y en Los Realejos -entre los dos apenas hubo un margen temporal de cinco horas- y se resolvieron con dos arrestos y una custodia policial en la puerta de la habitación del centro sanitario al que fue derivado el marido de la mujer que murió -en las primeras horas de la tarde de ayer- en el norte de Tenerife, quien quedará a disposición de los investigadores en cuanto se firme su alta médica: su vida no corre peligro.

Ataque sobre el asfalto.- Minutos antes de la una del mediodía se produjo un enfrentamiento en un tramo de la Carretera General del Sur que se encuentra junto al cruce de Barranco Grande. Dos hombres y una mujer mantenían una disputa dialéctica que acabó con un ataque mortal. Según los datos a los que ha tenido acceso EL DÍA, por un lado estaban una mujer y su compañero sentimental y en el otro la ex pareja de la chica. Al parecer, el novio actual acuchilló al antiguo cuando éste se encontraba dentro de un vehículo. La sala operativa del 112 movilizó a un par de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al recibir noticias de que el herido tenía un corte en el abdomen. El apuñalado fue derivado a la Candelaria, donde murió en las primeras horas de la tarde al verse afectado gravemente en órganos vitales. Agentes del CNP realizaron dos detenciones, el presunto autor del ataque y la pareja de éste, relacionadas con la agresión mortal: ambos presentaban en varias zonas de su cuerpo signos de haber mantenido una disputa reciente.

San Vicente.- La segunda muerte violenta se precipitó en un inmueble situado en una céntrica calle de este barrio realejero. Sobre las cinco de la tarde, más o menos, un matrimonio de unos 67 años -al parecer, tanto la víctima como el agresor nacieron en el año 1940- mantuvo una disputa verbal bastante agresiva que acabó con un posible ataque con un arma blanca por parte del hombre, quien después de apuñalar a su esposa trató de quitarse la vida ingiriendo un veneno. Cuando los efectivos del SUC llegaron al domicilio notificado por la sala del 112 hallaron al marido con vida, que enseguida fue evacuado al Hospital Universitario de Canarias, mientras que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima. Un funcionario judicial e investigadores de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos del CNP realizaron los trámites previos al levantamiento del cadáver. El agresor, que anoche seguía bajo custodia policial, quedará a disposición de la unidad de homicidios en cuanto le concedan el alta médica.

Más de 160 mujeres denuncian malos tratos cada día

Lunes, 11 de junio de 2007, 08:34


Las 32 víctimas en lo que va de año ponen de manifiesto que hay aspectos de la Ley Integral contra la Violencia de Género que se tienen que mejorar

Efe, Madrid

Al menos 19.620 mujeres denunciaron haber recibido malos tratos de su pareja o ex-pareja entre enero y abril de 2007, lo que representa 163 denuncias diarias y un aumento de un 3% respecto a 2006. El pasado año las fuerzas de seguridad practicaron más de 46.000 detenciones como consecuencia de 62.170 denuncias presentadas.

Las cifras avalan el recorrido de la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero son ya 32 mujeres las que han muerto este año y los últimos casos han agitado cuestiones como la retirada de las denuncias o la dispensa a las víctimas de declarar contra su pareja, aspectos que hay que mejorar en la aplicación de la Ley, coinciden responsables del Gobierno, jueces y asociaciones de mujeres.

"Lo normal es que una mujer maltratada dude", asegura Raimunda de Peñafort, titular del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer en Madrid. "Cuando se denuncia a aquel con quien llevas años durmiendo y desnudándote, no se puede pedir que no tengas momentos de duda, de miedo al futuro, y que tengas un criterio firme".

Las agresiones, amenazas o quebrantamientos de orden de alejamiento motivaron 19.380 denuncias ante Policía y Guardia Civil hasta el pasado 30 de abril, según el Instituto de la Mujer. Hay que añadir otras 240 mujeres agredidas en el primer trimestre en el País Vasco, según el departamento de Interior de la comunidad, y las atendidas por Mossos d'Esquadra, cuyos datos no están disponibles.

Por comunidad

Casi una de cada cuatro -en concreto 4.528, un 23,3 %- se presentaron en Andalucía, seguida de Madrid (con 3.341, un 17,23%), Comunidad Valenciana (2.787, un 14,3%) y Canarias (1.641, un 8.48%).

Por tasa de población son Melilla, Ceuta, Canarias, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid las que más demandas registraron.

Por otro lado, 3.410 hombres denunciaron malos tratos, un 2% más que en 2006. El mayor número en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.

Volver a casa

"La mujer acude a la policía o al juez y vuelve a casa. Siguen expuestas al chantaje emocional y las amenazas. Hay mayor tensión", asegura Angeles Álvarez, de la Red de Organizaciones feministas. "¿Qué hacen? Retiran la denuncia. Normal. No podemos pedir que sean heroínas".

No son muchas, apostilla la juez Peñafort, pero "hay que entender que una mujer dé un paso adelante y tres para atrás, que tenga inseguridad, miedo y que no sepa lo que quiere".

La mujer maltratada acude al juzgado "con la cabeza hecha un taco" y lo primero que oye es que no tiene obligación de declarar. "La mayoría de las veces se acoge a ese derecho. Piensa: ya lo he visto detenido, no quiero que le hagan daño".

"Y cuando me dice que no declara, se me cae todo", afirma la juez. "Corrió a la policía y se le atendió, pidió protección y se le dio, y ahora, 48 horas después, dice que no colabora. "Es inhumano pedir seguridad, firmeza y certidumbre a una mujer "psicológicamente machacada".

El problema: la descoordinación

El problema "es la descoordinación" entre policía, juzgados y asistencia social y, tras la demanda, la víctima no encuentra apoyo en otras instituciones, continúa Álvarez.

"Se dan instrucciones de protección, pero la mujer debe sanarse emocionalmente y ser acompañada en el itinerario por un equipo que le diga qué es conveniente en cada momento", añade.

Actuación policial

A lo largo de 2006 se celebraron 37.521 juicios por delitos y faltas de violencia de género, de los que 26.313 -el 70,2%- fueron condenas y 11.208 absoluciones, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En el mismo periodo se solicitaron 36.156 órdenes de protección y 27.078 fueron acordadas.

Las actuaciones de las fuerzas de seguridad se han incrementando cada año. En 2006 fueron detenidas 45.296 personas por Policía y Guardia Civil, según el Ministerio del Interior, y la Ertazintza detuvo otros 902 hombres por agredir a su pareja o quebrantar una orden de alejamiento. La media es de 126 agresores cada día.

En doce casos de las 32 muertes de este año -el 40%- había constancia de malos tratos anteriores: cuatro de los agresores tenían orden de alejamiento y otros ocho denuncias o antecedentes.

Yolanda García Serrano y Verónica Fernández dramatizan la violencia de género en el libro ´Descalza por la vida´.

12/06/2007 JUAN Bolea

Desde hace ya demasiados años, por desgracia, los malos tratos vienen siendo periódica noticia.
Cada año, un número alarmante de mujeres españolas, o residentes en nuestro país, pierden la vida a mano de los mismos hombres con los que la compartieron; pues éstos, en un momento determinado, cegados por la ira, el alcohol o los celos, o por todo ello, decidieron poner fin, de una manera cruel, a la existencia de sus compañeras.
El tema de los malos tratos, de las muertes sexistas, de la violencia de género, está adquiriendo tales proporciones que supone ya, sin duda, un problema nacional.
Las instituciones se esfuerzan en combatirlo mediante múltiples iniciativas, pero los casos siguen reproduciéndose, desgranándose, con una inquietante regularidad, como si una monstruosa, oculta, infernal y voraz boca, abierta en las cloacas del mundo civilizado, exigiese tales sacrificios.
Dos escritoras, Yolanda García Serrano y Verónica Fernández, acaban de dar forma literaria, de una manera harto realista, a uno de esos casos paradigmáticos, criminales, que se producen, a veces cada semana, en los puntos más distintos de nuestro país.
Para ubicar su tragedia, las autoras han elegido un ámbito de la Andalucía profunda, pero el estigma de la violencia de género, extendido como una epidemia, no parece obedecer, por supuesto, a geografía, clima o demografía alguna, sino a un trastorno del genoma masculino susceptible de manifestarse en cualquier tiempo y lugar.
Descalza por la vida, que así se titula la novela, narra la tragedia íntima de un matrimonio aparente, socialmente feliz, padres de una niña que se dispone a tomar la Primera Comunión. El relato, estremecedor, está enfocado desde la mirada de esa niña inocente, desde el ángulo de un testimonio infantil y de las víctimas colaterales de la barbarie doméstica.
El retrato del padre, del macho orgulloso y depredador que se jacta de su fuerza y de su virilidad, que conduce a toda velocidad, desafiando las normas de tráfico, destacando en las juergas y en las tascas, liderando a los amigos, alegre y cordial fuera de casa pero áspero y crudo en su interior, es el dibujo de un asesino en ciernes. De un psicópata que ejerce sobre su mujer una posesión casi material, a la que maltrata de manera continua, tanto psíquica como físicamente, arrastrándola a un torbellino de lágrimas, protestas, palizas, excusas, fingidos arrepentimientos y, finalmente, a la búsqueda de un amparo o refugio, en el convencimiento de que su vida corre peligro.
La novela se ajusta al género de la crítica social, de la literatura comprometida con causas justas, de la denuncia. Y aporta, asimismo, su granito de arena a la lucha contra la violencia de género, pues, por cada ejemplar que se venda al público se destinará un euro al Programa Viaamiga.
Sea bienvenida esta nueva aportación literaria al combate contra una lacra que a todos nos avergüenza. Exterminar al monstruo que alienta en el fondo de ese español machista y brutal, sórdido y mezquino, tan miserable como sus deleznable actos, es obligación de todos.

Las mujeres son las principales víctimas de la violencia de género. BANCO DE IMÁGENES/MEC

El inicio de la atención se emprende si la propia víctima lo solicita o si es remitida o derivada por un técnico especialista con el expreso consentimiento de la víctima. Las derivaciones se suelen producir sobre todo desde los servicios médicos y la policía.
Las atenciones de la oficina han ido aumentando de año en año, pasando de 41 casos en 2001 a 215 en 2004, 469 en 2005 y 482 el año pasado. Para la jefa de la oficina y psicóloga, María José Rodríguez de Armenta, dicha evolución significa que este recurso «va siendo más conocido en Navarra» y cuentan con él los diversos cuerpos policiales, jueces, fiscales, servicios sociales... No obstante, considera que todavía falta un mayor conocimiento de la OAVD y sus funciones.
Víctimas con expediente abierto. Se abre expediente cuando una víctima requiere numerosas intervenciones y desde varias áreas (legal, social, psicológica, etc.). Desde que se abre hasta que finaliza el contacto con la víctima, normalmente cuando se dicta sentencia firme, pasan unos dos años. En 2006 la oficina registró 114 expedientes abiertos, 15 menos que en 2005. En el 78% de los casos fueron víctimas de violencia doméstica, en el 11% de abusos sexuales y en el 9% de otros tipos. Hubo también un 2% de violencia a menores.
Por nacionalidad, el 79% eran españolas y el 21% extranjeras. Además, el 96% de las víctimas atendidas eran mujeres y el 4% hombres. Por edades, el 92% tenía entre 18 y 60 años -predominando los de entre 18 y 40- un 6% menos de 18 y un 2% más de 60.
Asimismo, en el 68% de los casos tenían hijos y en el 74% los agresores fueron el cónyuge, ex cónyuge, novio, ex novio, compañero o ex compañero. Sobre el lugar donde se produjo la agresión, un 39% de los casos fue en el domicilio de la propia víctima, un 8% en plena calle, un 6% en el lugar de trabajo y un 4% en el ascensor, el garaje o la escalera.

El 60% de las personas atendidas por la OAVD fueron derivadas a programas psicológicos.
Intervenciones sin expediente. Por otro lado, la oficina realizó también 368 intervenciones con víctimas -un 8% más que en 2005-, aunque sin llegarse a abrir expediente, ya que depende de si sólo se busca información y orientación, si se mantiene o no la denuncia, si se deriva a otro servicio más adecuado... Del total de atenciones, el 43% fueron con víctimas de violencia de género con orden de protección y otro 41% víctimas de violencia doméstica, es decir, el 84% del total de los casos por maltrato de género y doméstico. Otro 5% fueron situaciones de separaciones conflictivas, un 3% de abusos a menores y un 7% de otros tipos, como «mobbing», «bullying» o acoso escolar, violación, maltrato psicológico, maltrato en la tercera edad y agresiones sexuales.
Intervenciones de urgencia. Un grupo de psicólogos están disponibles para situaciones de urgencia a través del 112 SOS Navarra para atender a víctimas de delito. En 2006 se realizaron 133 intervenciones urgentes por violencia doméstica y sexual, agresiones, amenazas, etc. El 56% de las víctimas eran españolas y el 44% extranjeras. Aunque la mayoría eran adultos, hubo casi un 10% menores de edad, en su mayor parte tras haber sufrido algún tipo de agresiones sexuales.
El 60% de las demandas llegaron a través de juzgados y policías municipal y foral. Según la memoria de la OAVD, los domingos fueron los días en que más se solicitó ayuda psicológica de urgencia, seguidos por los lunes, y el horario, de 8 a 16 horas.
Programas terapéuticos. 102 víctimas de violencia familiar y agresiones sexuales fueron atendidas en 885 sesiones terapéuticas (individuales, grupales y de pareja). Como novedad, resalta la entrada reciente a estos programas de menores víctimas de abusos sexuales por sujetos de fuera del ámbito familiar y menores acosados por otros niños.
También en estos programas predomina la violencia doméstica, ya que el 60% de las personas atendidas en terapia son víctimas de ella. Un 12% de las nuevas incorporaciones en 2006 fueron menores de edad, mientras que las tres cuartas partes de los atendidos tenían entre 18 y 50 años. El 80% de los pacientes eran de nacionalidad española.
Rodríguez de Armenta destaca cómo mujeres que «llegaron destrozadas psicológicamente», tras una terapia completa y de 18 meses como mínimo, «han recuperado su sonrisa y su vida».
Otros. La OAVD también realizó el año pasado 5 informes periciales solicitados desde el juzgado y 27 asistencias a juicios.

Estadísticas

La Oficina foral para Víctimas del Delito atendió a cerca de 500 personas en 2006
Violencia doméstica o sexual contra las mujeres son las causas más habituales
La Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de Navarra atendió el año pasado a casi medio centenar de víctimas, en su mayor parte de violencia doméstica y sexual contra mujeres, así como a 89 maltratadores en un programa terapéutico. También se atendieron 133 urgencias psicológicas y se realizaron 885 sesiones terapéuticas con 102 víctimas de delitos. Así consta en la Memoria 2006 de la OAVD, que depende de la dirección general de Interior del departamento de Justicia e Interior del Gobierno foral. Creada en 1998, atiende a víctimas de violencia doméstica, abusos sexuales, robos y agresiones con intimidación o fuerza, , víctimas de terrorismo (ninguna en 2006), etc.