El responsable suele ser una persona cercana
Se realizaron encuestas durante dos años a 2.000 personas mayores que vivían solas
Actualizado jueves 14/06/2007 11:13 (CET)
EFE: Portada > Internacional
LONDRES.- Casi 350.000 personas mayores de 66 años han sufrido algún tipo de maltrato en sus propios hogares en el Reino Unido, según un informe publicado por el 'Uk Study Of Abuse And Neglect Report'.
Los datos recogidos fueron recopilados a lo largo de dos años por un grupo de investigadores independientes del Centro Nacional para la Investigación Social y el Kings College de Londres.
Tras una encuesta realizada a 2.000 personas mayores que vivían solas, se comprobó que en ocho de cada 10 casos, el responsable del maltrato era una persona a la que el anciano conocía muy bien.
Las cifras revelan que 342.000 personas mayores han sido víctimas de algún tipo de abuso, desde fraude fiscal, maltrato emocional e incluso agresión física. El informe también registra 105.000 situaciones de mayores que han sufrido 10 o más ejemplos de negligencia.
Abusos físicos, sexuales y psicológicos
La mayoría de las personas que cometieron estos abusos, un 53%, eran individuos que vivían en el mismo hogar que el anciano en el momento en que se produjo la agresión. De esos casos, el 65% de los responsables cometieron "maltrato interpersonal", o lo que es lo mismo: de tipo físico, psicológico o sexual.
En el estudio no figuran los ancianos que viven en residencias para mayores o los que padecen demencia.
Un portavoz del Ministerio de Sanidad británico explicó que la razón de la exclusión de ese grupo se debía a que los investigadores querían centrarse en los maltratos cometidos en un entorno doméstico.
Esta fuente señaló que los hallazgos del estudio constituyen para el Gobierno "una oportunidad para comprender la prevalencia del maltrato en el Reino Unido".
martes, 19 de junio de 2007
Detenido boliviano denunciado por su mujer por violencia de género
La Policía local de Avila (centro de España) detuvo a un hombre de origen boliviano como supuesto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar tras ser denunciado por su mujer, informaron hoy fuentes municipales.
Las fuentes precisaron que el arresto se produjo después de que, el pasado domingo, la policía recibiese una llamada de los servicios de emergencias, en la que se le comunicaba la denuncia de una mujer que había sido agredida por su marido.
Varias patrullas de la Policía local se personaron inmediatamente en la residencia de la denunciante y, ante la comprobación de los hechos, procedieron a la detención de un hombre, identificado como O.G.R., de 37 años y natural de Bolivia. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Las fuentes precisaron que el arresto se produjo después de que, el pasado domingo, la policía recibiese una llamada de los servicios de emergencias, en la que se le comunicaba la denuncia de una mujer que había sido agredida por su marido.
Varias patrullas de la Policía local se personaron inmediatamente en la residencia de la denunciante y, ante la comprobación de los hechos, procedieron a la detención de un hombre, identificado como O.G.R., de 37 años y natural de Bolivia. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
La charla coloquio sobre violencia de género abrió el ciclo de actividades
En la sección Sociedad
Las mujeres centran el programa diseñado para los mayores de San Bartolomé
Comienzan esta semana las habituales celebraciones del Centro Municipal de la Tercera Edad, que este año se intensifican especialmente por tratarse del IX aniversario de su apertura
Laura Ramírez • 13 de junio de 2007
Las mujeres se han convertido en las protagonistas de las jornadas de la tercera edad de San Bartolomé organizadas este mes de junio. Después de años acudiendo de forma masiva a este encuentro, por fin han pasado a contar con un programa a su medida.
Como cuentan las encargadas de esta actividad, son las mujeres las que participan de forma exclusiva en las actividades programadas, a las que no asisten casi hombres, por lo que en esta ocasión les han diseñado las actividades teniendo en cuenta los gustos y preferencias femeninas.
Por su puesto, las jornadas están abiertas a los dos sexos, pero en visa de que la experiencia confirma que los hombres no suelen interesarse por la programación que cada año por estas fechas se oferta en el Centro de la Tercera Edad de San Bartolomé Eugenia María Armas Martín, han decidido dedicarse a sus seguidoras.
Esta realidad se verificó este lunes en la misma inauguración del programa, en el que unas 80 mujeres se sentaron a disfrutar de la charla coloquio sobre violencia de género impartida en el propio centro.
Con esta primera actividad se abrió el ciclo de actuaciones de ocio, cultura y encuentro que se desarrollará hasta el próximo martes para celebrar, como cada año, el aniversario del Centro Sociocultural. En esta ocasión la actividad del programa cuenta además con el aliciente de estar conmemorando el IX aniversario, con lo que se ha puesto especial ilusión en todos los preparativos.
Las ponentes
Para esta primera actividad acudieron a impartir la conferencia la doctora María del Carmen Mendoza y la enfermera María Acosta Trujilla, ambas trabajadoras del Centro de Salud de San Bartolomé.
Acosta es además miembro de la Asociación para la Mujer de Lanzarote Mararía, con lo que el discurso se centró ya no sólo en la exposición de la realidad del problema de la violencia de género en la sociedad actual, sino también en los recursos y posibilidades que tienen las mujeres que lo sufren y en la responsabilidad de los ciudadanos como denunciantes de los posibles malos tratos.
Se trató así de concienciar a las mujeres de la tercera edad de los cambios que ha experimentado una sociedad en la que el maltrato no es un motivo de secreto sino de denuncia y en el que la mujer es una víctima que cuenta con múltiples posibilidades de asistencia y apoyo.
En este sentido, las ponentes hicieron también un esfuerzo por hacer entender a las asistentes lo que significa el maltrato psicológico, una modalidad de violencia que es difícil de concebir para mentalidades forjadas en otros tiempos en el que el papel de la mujer estaba siempre bajo la sombra de la figura masculina de forma generalizada.
El enfoque de esta actividad no era otro que el de difundir estos conceptos en la sociedad, como se hace habitualmente en muchas charlas y conferencias convocadas en la Isla, con la salvedad de que esta vez se dirigía el discurso a un sector de la población de más edad, cuando normalmente este tipo de iniciativas están enmarcadas en el ámbito escolar y educativo.
Una “semanita” al año
El que sean las mujeres las que llenen el Centro de la Tercera Edad de San Bartolomé no es habitual. Como explican las responsables de este centro, la mayoría de los 50 o 60 usuarios que pasan por los servicios del centro diariamente son hombres.
Las explicaciones a este fenómeno tienen diferentes orígenes, pero en general se señala hacia los factores sociales y culturales. El hombre tiene en su vejez las ocupaciones relacionadas con el ocio y el cuidado personal de las aficiones y las amistades, mientras que la mujer suele sumar a estos disfrutes los roles que mantiene como madre, abuela, esposa y ama de casa.
Aunque esta situación está cambiando, las mujeres siguen siendo las que menos tiempo tienen para pasarlo, como los hombres de su edad, jugando a las cartas o tomando un café después de comer.
Pero una semana al año, las mujeres de la tercera edad de San Bartolomé se dan “el capricho” de dejar un poco de lado sus obligaciones para participar en las actividades que les propone el Ayuntamiento.
Los hombres no parecen estar tan interesados en este tipo de ofertas culturales y de ocio, y se mantienen con su actividad diaria habitual, mientras las mujeres compaginan trabajo y placer. Así al menos es como se constata de la visible diferencia entre la estampa que se dibuja cualquier día en los salones comunes del centro municipal, plagado de hombres disfrutando de su ocio y de muy pocas mujeres, y de la que se puede observar en las fotografías de las actividades de estas jornadas.
El programa
Pero para todo hay una excepción, y las mujeres y los hombres de la tercera edad del municipio disfrutarán el próximo domingo de una excursión que les llevará desde San Bartolomé hasta el Mercadillo de Tinajo, la Ermita de Los Dolores y Yaiza.
Los más de 200 inscritos para esta salida retornarán por la tarde al centro de San Bartolomé para participar en el baile y la rifa de regalos que les han organizado a su vuelta para seguir con la fiesta.
Hasta entonces, los que quieran participar en las actividades del programa de esta semana pueden apuntarse a la gala espectáculo de la Escuela de Danza de Rosa del Valle, que ofrecerá un espectáculo de danza moderna, copla y canción melódica.
El miércoles tendrá lugar la charla coloquio “Cuidados estéticos de la 3ª Juventud” a cargo de Yolanda Jiménez, profesora del IES Blas Cabrera Felipe.
Este día estará dedicado a la belleza, con la continuación de la actividad con el taller de manicura y pedicura. El resto del programa estará salpicado de todo tipo de eventos y actividades, entre los que destacan la actuación de la Coral Municipal el jueves 14, el encuentro de parrandas del viernes y la visita a la talasoterapia en el Hotel Rubicón de Playa Blanca el sábado.
Las mujeres centran el programa diseñado para los mayores de San Bartolomé
Comienzan esta semana las habituales celebraciones del Centro Municipal de la Tercera Edad, que este año se intensifican especialmente por tratarse del IX aniversario de su apertura
Laura Ramírez • 13 de junio de 2007
Las mujeres se han convertido en las protagonistas de las jornadas de la tercera edad de San Bartolomé organizadas este mes de junio. Después de años acudiendo de forma masiva a este encuentro, por fin han pasado a contar con un programa a su medida.
Como cuentan las encargadas de esta actividad, son las mujeres las que participan de forma exclusiva en las actividades programadas, a las que no asisten casi hombres, por lo que en esta ocasión les han diseñado las actividades teniendo en cuenta los gustos y preferencias femeninas.
Por su puesto, las jornadas están abiertas a los dos sexos, pero en visa de que la experiencia confirma que los hombres no suelen interesarse por la programación que cada año por estas fechas se oferta en el Centro de la Tercera Edad de San Bartolomé Eugenia María Armas Martín, han decidido dedicarse a sus seguidoras.
Esta realidad se verificó este lunes en la misma inauguración del programa, en el que unas 80 mujeres se sentaron a disfrutar de la charla coloquio sobre violencia de género impartida en el propio centro.
Con esta primera actividad se abrió el ciclo de actuaciones de ocio, cultura y encuentro que se desarrollará hasta el próximo martes para celebrar, como cada año, el aniversario del Centro Sociocultural. En esta ocasión la actividad del programa cuenta además con el aliciente de estar conmemorando el IX aniversario, con lo que se ha puesto especial ilusión en todos los preparativos.
Las ponentes
Para esta primera actividad acudieron a impartir la conferencia la doctora María del Carmen Mendoza y la enfermera María Acosta Trujilla, ambas trabajadoras del Centro de Salud de San Bartolomé.
Acosta es además miembro de la Asociación para la Mujer de Lanzarote Mararía, con lo que el discurso se centró ya no sólo en la exposición de la realidad del problema de la violencia de género en la sociedad actual, sino también en los recursos y posibilidades que tienen las mujeres que lo sufren y en la responsabilidad de los ciudadanos como denunciantes de los posibles malos tratos.
Se trató así de concienciar a las mujeres de la tercera edad de los cambios que ha experimentado una sociedad en la que el maltrato no es un motivo de secreto sino de denuncia y en el que la mujer es una víctima que cuenta con múltiples posibilidades de asistencia y apoyo.
En este sentido, las ponentes hicieron también un esfuerzo por hacer entender a las asistentes lo que significa el maltrato psicológico, una modalidad de violencia que es difícil de concebir para mentalidades forjadas en otros tiempos en el que el papel de la mujer estaba siempre bajo la sombra de la figura masculina de forma generalizada.
El enfoque de esta actividad no era otro que el de difundir estos conceptos en la sociedad, como se hace habitualmente en muchas charlas y conferencias convocadas en la Isla, con la salvedad de que esta vez se dirigía el discurso a un sector de la población de más edad, cuando normalmente este tipo de iniciativas están enmarcadas en el ámbito escolar y educativo.
Una “semanita” al año
El que sean las mujeres las que llenen el Centro de la Tercera Edad de San Bartolomé no es habitual. Como explican las responsables de este centro, la mayoría de los 50 o 60 usuarios que pasan por los servicios del centro diariamente son hombres.
Las explicaciones a este fenómeno tienen diferentes orígenes, pero en general se señala hacia los factores sociales y culturales. El hombre tiene en su vejez las ocupaciones relacionadas con el ocio y el cuidado personal de las aficiones y las amistades, mientras que la mujer suele sumar a estos disfrutes los roles que mantiene como madre, abuela, esposa y ama de casa.
Aunque esta situación está cambiando, las mujeres siguen siendo las que menos tiempo tienen para pasarlo, como los hombres de su edad, jugando a las cartas o tomando un café después de comer.
Pero una semana al año, las mujeres de la tercera edad de San Bartolomé se dan “el capricho” de dejar un poco de lado sus obligaciones para participar en las actividades que les propone el Ayuntamiento.
Los hombres no parecen estar tan interesados en este tipo de ofertas culturales y de ocio, y se mantienen con su actividad diaria habitual, mientras las mujeres compaginan trabajo y placer. Así al menos es como se constata de la visible diferencia entre la estampa que se dibuja cualquier día en los salones comunes del centro municipal, plagado de hombres disfrutando de su ocio y de muy pocas mujeres, y de la que se puede observar en las fotografías de las actividades de estas jornadas.
El programa
Pero para todo hay una excepción, y las mujeres y los hombres de la tercera edad del municipio disfrutarán el próximo domingo de una excursión que les llevará desde San Bartolomé hasta el Mercadillo de Tinajo, la Ermita de Los Dolores y Yaiza.
Los más de 200 inscritos para esta salida retornarán por la tarde al centro de San Bartolomé para participar en el baile y la rifa de regalos que les han organizado a su vuelta para seguir con la fiesta.
Hasta entonces, los que quieran participar en las actividades del programa de esta semana pueden apuntarse a la gala espectáculo de la Escuela de Danza de Rosa del Valle, que ofrecerá un espectáculo de danza moderna, copla y canción melódica.
El miércoles tendrá lugar la charla coloquio “Cuidados estéticos de la 3ª Juventud” a cargo de Yolanda Jiménez, profesora del IES Blas Cabrera Felipe.
Este día estará dedicado a la belleza, con la continuación de la actividad con el taller de manicura y pedicura. El resto del programa estará salpicado de todo tipo de eventos y actividades, entre los que destacan la actuación de la Coral Municipal el jueves 14, el encuentro de parrandas del viernes y la visita a la talasoterapia en el Hotel Rubicón de Playa Blanca el sábado.
Madrastra sentenciada a 13 años de prisión
Oruro, Bolivia - Jueves, 14 de Junio de 2007
La sanción de 13 años de prisión que se le dio a la madrastra Marianela Ingrid Bustillos Díaz, quien flageló a dos niños de 7 y 10 años, no restituirá los derechos de los infantes, ni hará que puedan olvidar todos los vejamenes a los que fueron sometidos, afirmó la directora de Género y Familia, Miriam Omonte.
“No podemos decir que los niños están completamente resarcidos con esta situación de la ley y la sanción respectiva, todavía quedarán secuelas, y es verdad que el perfil del niño maltratado puede derivar posteriormente en ser un padre maltratador”, expresó Omonte.
La situación de violencia que vivieron los dos infantes, que fue descubierta el 20 de diciembre de 2005, conmovió a toda la población orureña, porque los que tuvieron la oportunidad de verlos en el momento en que se los rescató de la “casa del terror” donde vivían, relataron llorando las condiciones de los menores, porque además de demostrar un cuadro de total maltrato, sufrían de desnutrición extrema.
Fueron los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes cumplieron con su función de defender los derechos de los niños, haciendo un seguimiento contundente al proceso, hasta conseguir que la agresora sea sancionada.
“Este es el tercer caso de maltrato infantil, porque tenemos aún dos casos en carpeta, que están en proceso y, como es nuestra competencia, según la ley, lo que hacemos es cumplir”, indicó Omonte.
Según la autoridad, la sanción que se le dio a la madrastra debe llamar a la reflexión, a las personas que infringen las leyes al dar castigos corporales a los niños que están bajo su protección.
“Estos niños han sufrido todo un Vía Crucis, en lo que corresponde al maltrato físico y psicológico, que perdurará en la vida de los menores”, señaló la autoridad.
La sanción de 13 años de prisión que se le dio a la madrastra Marianela Ingrid Bustillos Díaz, quien flageló a dos niños de 7 y 10 años, no restituirá los derechos de los infantes, ni hará que puedan olvidar todos los vejamenes a los que fueron sometidos, afirmó la directora de Género y Familia, Miriam Omonte.
“No podemos decir que los niños están completamente resarcidos con esta situación de la ley y la sanción respectiva, todavía quedarán secuelas, y es verdad que el perfil del niño maltratado puede derivar posteriormente en ser un padre maltratador”, expresó Omonte.
La situación de violencia que vivieron los dos infantes, que fue descubierta el 20 de diciembre de 2005, conmovió a toda la población orureña, porque los que tuvieron la oportunidad de verlos en el momento en que se los rescató de la “casa del terror” donde vivían, relataron llorando las condiciones de los menores, porque además de demostrar un cuadro de total maltrato, sufrían de desnutrición extrema.
Fueron los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes cumplieron con su función de defender los derechos de los niños, haciendo un seguimiento contundente al proceso, hasta conseguir que la agresora sea sancionada.
“Este es el tercer caso de maltrato infantil, porque tenemos aún dos casos en carpeta, que están en proceso y, como es nuestra competencia, según la ley, lo que hacemos es cumplir”, indicó Omonte.
Según la autoridad, la sanción que se le dio a la madrastra debe llamar a la reflexión, a las personas que infringen las leyes al dar castigos corporales a los niños que están bajo su protección.
“Estos niños han sufrido todo un Vía Crucis, en lo que corresponde al maltrato físico y psicológico, que perdurará en la vida de los menores”, señaló la autoridad.
violencia doméstica
10 de junio
Azkarraga dice que fue la propia mujer acuchillada en Vitoria la que rechazó la escolta
Considera una "discrepancia" que la Ertzaintza difundiera un comunicado en el que aseguraba que ella había solicitado protección
EUROPA PRESS / BILBAO
El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, ha afirmado hoy que fue Asun Villalba, la mujer que falleció acuchillada por su marido el pasado 2 de junio en el barrio vitoriano de Sansomendi, la que rechazó que se le pusiera escolta tras denunciar a su cónyuge por maltrato psicológico.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Azkarraga se ha referido, de esta forma, a la polémica surgida entre el Departamento vasco de Interior y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tras la muerte de Villalba. Después de que el cadáver de la víctima, de 35 años, apareciera en la puerta de su casa y de que su esposo se entregara en comisaría, la Ertzaintza difundió un comunicado en el que aseguraba que ésta había solicitado medidas de protección el pasado mes de diciembre, que le fueron denegadas por el Juzgado, información que fue desmentida por el TSJPV y el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Alava.
El alto Tribunal vasco aseguró que Asun Villalba denunció ante la Ertzaintza "insultos y vejaciones" por parte de su marido, que luego corroboró ante la autoridad judicial, pero ésta decidió retirar la denuncia y renunciar a emprender acciones penales y civiles. Por ello, el juez sobreseyó el caso.
Discrepancias
Por su parte, Joseba Azkarraga ha afirmado hoy que "hubo una interpretación equivocada a través de la notificación que se hizo del asesinato de esta mujer". "Lo que sí es cierto es que no es que a esta mujer no se le ponga una escolta, una vigilancia, después de presentar la denuncia, sino que es ella misma la que pide que no se le ponga, que no quiere ningún tipo de respaldo", aseguró.
Por ello, consideró que la cuestión está "absolutamente aclarada" y reconoció que ha habido "discrepancia", pero destacó que lo "fundamental" no es eso, "sino que hay una mujer más asesinada, fruto de la violencia de género en este país".
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Azkarraga dice que fue la propia mujer acuchillada en Vitoria la que rechazó la escolta
Considera una "discrepancia" que la Ertzaintza difundiera un comunicado en el que aseguraba que ella había solicitado protección
EUROPA PRESS / BILBAO
El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, ha afirmado hoy que fue Asun Villalba, la mujer que falleció acuchillada por su marido el pasado 2 de junio en el barrio vitoriano de Sansomendi, la que rechazó que se le pusiera escolta tras denunciar a su cónyuge por maltrato psicológico.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Azkarraga se ha referido, de esta forma, a la polémica surgida entre el Departamento vasco de Interior y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tras la muerte de Villalba. Después de que el cadáver de la víctima, de 35 años, apareciera en la puerta de su casa y de que su esposo se entregara en comisaría, la Ertzaintza difundió un comunicado en el que aseguraba que ésta había solicitado medidas de protección el pasado mes de diciembre, que le fueron denegadas por el Juzgado, información que fue desmentida por el TSJPV y el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Alava.
El alto Tribunal vasco aseguró que Asun Villalba denunció ante la Ertzaintza "insultos y vejaciones" por parte de su marido, que luego corroboró ante la autoridad judicial, pero ésta decidió retirar la denuncia y renunciar a emprender acciones penales y civiles. Por ello, el juez sobreseyó el caso.
Discrepancias
Por su parte, Joseba Azkarraga ha afirmado hoy que "hubo una interpretación equivocada a través de la notificación que se hizo del asesinato de esta mujer". "Lo que sí es cierto es que no es que a esta mujer no se le ponga una escolta, una vigilancia, después de presentar la denuncia, sino que es ella misma la que pide que no se le ponga, que no quiere ningún tipo de respaldo", aseguró.
Por ello, consideró que la cuestión está "absolutamente aclarada" y reconoció que ha habido "discrepancia", pero destacó que lo "fundamental" no es eso, "sino que hay una mujer más asesinada, fruto de la violencia de género en este país".
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Jueces piden que la ley obligue a las víctimas a declarar para no dejar impune el maltrato
Sociedad : 10 de junio
La ley obliga a los tribunales a actuar de oficio, aunque jueces y fiscales alegan que es «imposible» proteger a alguien que niega estar en peligro Las mujeres maltratadas retiran el 15% de las denuncias que interponen
SERGIO GARCÍA/BILBAO
La muerte de Asun Villalba a manos de su marido el pasado fin de semana en Vitoria ha puesto sobre la mesa uno de los aspectos más espinosos de la batalla legal emprendida para atajar la violencia de género. La denuncia interpuesta en calidad de «víctima de maltrato psicológico» y la imposibilidad de que el juez dictase una orden de protección ante la posterior renuncia de ella «a toda acción civil o penal» contra su esposo, ha avivado el debate sobre la necesidad de que los tribunales actúen de oficio para proteger a estas mujeres... aunque no quieran.
Alfonso González Guija, coordinador juzgados de violencia doméstica del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cree que la iniciativa merece ser tenida en cuenta y no le parece desajustada a derecho. «La valoro positivamente, y más en un contexto como éste en el que a menudo faltan pruebas de cargo». El magistrado, sin embargo, hace una advertencia: si no hay voluntad de incriminar, la mujer puede incurrir en falso testimonio, y si no acude a declarar, ser detenida». A su juicio, es «evidente» que en el crimen de Vitoria el sistema no ha funcionado -«transmitir lo contrario sería pecar de corporativismo»-, aunque no tiene ningún reproche para la labor de jueces y fiscales. «Resulta más fácil dar una orden de protección que denegarla, aunque sea para curarse en salud. El problema -añade- es cuando la víctima no es consciente del riesgo ni transmite esa sensación al juez».
«No es algo privado»
María Tardón, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia de género, no alberga ninguna duda. Las instituciones deben actuar de oficio cuando tengan conocimiento, por el medio que sea, de que ha podido producirse un acto de esta naturaleza, incluso en el caso de que la víctima 'retire' la denuncia, «expresión inexacta, porque la denuncia es una manifestación de que se han producido unos hechos perseguibles y que, una vez hecha, ya despliega todos sus efectos independientemente de la voluntad de la víctima».
La magistrada advierte de que, en caso contrario, «se correría el riesgo de entender que la violencia en el ámbito de la pareja o de la familia, es algo privado» y que el Estado debe desentenderse de ellas hasta que las víctimas le pidan que intervenga. «Nuestro ordenamiento jurídico se rige por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, luego cualquier vulneración de tales derechos debe importar a los poderes públicos, lo denuncien los afectados o no».
Otra cosa son las órdenes de protección, advierte Tardón, «porque son medidas cautelares que se producen cuando todavía no se ha probado que ha habido una agresión, y que se va a iniciar un procedimiento para determinarlo». Y aquí el juez está siempre obligado a apreciar una situación de riesgo. «Es muy complicado, por no decir imposible, que si la persona a la que se debe proteger de un riesgo alega que el tal riesgo no existe, y que por ello va a reanudar la convivencia con su pareja, el juez pueda imponerle la obligación de no convivir con quien ha sido su agresor».
En el Observatorio de Violencia Doméstica, su responsable, Montserrat Comas, explica que en el día a día el fiscal se queda sin pruebas si la mujer retira su testimonio o se niega declarar contra su cónyuge -lo que ocurrió en Vitoria-, a menudo lo único que tiene a mano para sacar adelante el procedimiento. «Hablamos de una coacción verbal o un maltrato psicológico que no dejan rastro documental». El resultado es que el año pasado en España el 15% de las denunciantes se retractaron».
Para seguir adelante, el fiscal necesitará la declaración de la víctima. Comas aborda aquí la posibilidad de que las víctimas tengan obligación de declarar contra su cónyuge, consciente de que «esta dispensa está suponiendo en la práctica la impunidad de los agresores». «La única manera de frenar este riesgo -concluye- es que una vez puesta la denuncia, ésta prospere».
Víctimas que se culpan
En este contexto, Tardón es partidaria de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a una mujer de testificar contra su cónyuge. «No tiene sentido que la víctima tenga que ser advertida, como ocurre ahora, de que tiene derecho a no declarar contra su agresor. Esto les genera confusión y, al mismo tiempo, la sensación de que están rompiendo una cierta obligación moral o legal al acusarle. En la mayor parte de los casos -añade la magistrada- es un recurso para presionar a una víctima ya bastante debilitada, que además se culpa de la agresión».
Idéntica postura mostraba esta semana la Fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer Soledad Cazorla, para quien esta dispensa no tiene ningún sentido cuando la testigo es además víctima. «Imaginemos un hombre que viola a su sobrina. ¿Debemos proteger aquí los lazos familiares?». El complejo entramado de relaciones familiares es, a juicio de la fiscal, una trampa mortal. «La mujer suele bajar la guardia. No imagina que su compañero, el padre de sus hijos, pueda llegar a matarla, y por lo tanto a veces decide no declarar».
En declaraciones realizadas a un digital, Cazorla está también de acuerdo con que la retirada de las denuncias es el gran problema al que se enfrentan los fiscales, ya que se quedan «sin pruebas en muchas ocasiones» y recuerda que más del 30% de la retirada de las acusaciones se producen porque las víctimas no quieren declarar contra sus verdugos. «Si el acusado no tiene que declarar contra sí mismo y el testigo principal -la mujer- no testifica, nos quedamos sin pruebas».
Claro que no todos son de la opinión de que la falta de cooperación por parte de la víctima significa un punto y final en el procedimiento judicial. La presidenta de la Asociación Clara Campoamor no podía ser más clara esta semana. «La Fiscalía, los abogados del turno de oficio, la Policía, los servicios sociales... todos tienen que ponerse las pilas para evitar que episodios como el de Vitoria se repitan».
Pero Blanca Estrella va más allá. «¿Claro que muchas mujeres retiran la denuncia! ¿Para eso hicimos la Ley Integral Contra la Violencia de Género!», una norma -apostilla- «atada y bien atada», «con la que ninguna mujer que haya denunciado en este país puede morir». Sin embargo, obligar a la víctima a que declare en un juicio no es una posibilidad realista, «porque la víctimas siempre ponen en mayor riesgo su vida». La solución, a su juicio, pasa porque vecinos y familiares se animen a denunciar -«la ley les ofrece esa posibilidad»-. El juez, en definitiva, tiene que actuar si la mujer denuncia, no importa que luego se retracte. Lo que pasa es que debe contar con indicios suficientes y para que haga su trabajo, los pilares que sostienen su labor tienen que estar a la altura».
«Se puede hacer más»
Guillermo Portero, jefe de servicio de la Clínica Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, está de acuerdo con que se puede hacer más. «Más recursos y más personas para medir mejor la peligrosidad del maltratador y la vulnerabilidad de su víctima», algo fundamental cuando, a veces, las pruebas periciales son lo único que les queda a los jueces para determinar si la víctima de malos tratos que decide no declarar se manifiesta con libertad.
Como Portero, todos coinciden en que hace falta más coordinación. «La ley es mejorable, pero no tiene la culpa de nada. Su mayor virtud es que está logrando que se «visualice» un problema que se veía antes como un tabú. «No hay más casos, lo que pasa es que están más a la vista». Las estadísticas, entretanto, arrojan cifras espeluznantes: 344 mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en los últimos seis años, una media anual de 59 víctimas -el martes sumábamos ya 32-.
«La ley es joven y necesita recorrido -pide Montserrat Comas-, pero es un buen instrumento. Otra cosa es que no pueda cambiar de un día para otro una cultura machista y permisiva con patrones de dominio». Los mismos que recogía Raimunda de Peñafort en su libro 'Una juez frente al maltrato' cuando ponía en boca de un maltratador una aterradora frase: «Si no pego a mi mujer, ¿cómo la controlo?»
La ley obliga a los tribunales a actuar de oficio, aunque jueces y fiscales alegan que es «imposible» proteger a alguien que niega estar en peligro Las mujeres maltratadas retiran el 15% de las denuncias que interponen
SERGIO GARCÍA/BILBAO
La muerte de Asun Villalba a manos de su marido el pasado fin de semana en Vitoria ha puesto sobre la mesa uno de los aspectos más espinosos de la batalla legal emprendida para atajar la violencia de género. La denuncia interpuesta en calidad de «víctima de maltrato psicológico» y la imposibilidad de que el juez dictase una orden de protección ante la posterior renuncia de ella «a toda acción civil o penal» contra su esposo, ha avivado el debate sobre la necesidad de que los tribunales actúen de oficio para proteger a estas mujeres... aunque no quieran.
Alfonso González Guija, coordinador juzgados de violencia doméstica del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cree que la iniciativa merece ser tenida en cuenta y no le parece desajustada a derecho. «La valoro positivamente, y más en un contexto como éste en el que a menudo faltan pruebas de cargo». El magistrado, sin embargo, hace una advertencia: si no hay voluntad de incriminar, la mujer puede incurrir en falso testimonio, y si no acude a declarar, ser detenida». A su juicio, es «evidente» que en el crimen de Vitoria el sistema no ha funcionado -«transmitir lo contrario sería pecar de corporativismo»-, aunque no tiene ningún reproche para la labor de jueces y fiscales. «Resulta más fácil dar una orden de protección que denegarla, aunque sea para curarse en salud. El problema -añade- es cuando la víctima no es consciente del riesgo ni transmite esa sensación al juez».
«No es algo privado»
María Tardón, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia de género, no alberga ninguna duda. Las instituciones deben actuar de oficio cuando tengan conocimiento, por el medio que sea, de que ha podido producirse un acto de esta naturaleza, incluso en el caso de que la víctima 'retire' la denuncia, «expresión inexacta, porque la denuncia es una manifestación de que se han producido unos hechos perseguibles y que, una vez hecha, ya despliega todos sus efectos independientemente de la voluntad de la víctima».
La magistrada advierte de que, en caso contrario, «se correría el riesgo de entender que la violencia en el ámbito de la pareja o de la familia, es algo privado» y que el Estado debe desentenderse de ellas hasta que las víctimas le pidan que intervenga. «Nuestro ordenamiento jurídico se rige por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, luego cualquier vulneración de tales derechos debe importar a los poderes públicos, lo denuncien los afectados o no».
Otra cosa son las órdenes de protección, advierte Tardón, «porque son medidas cautelares que se producen cuando todavía no se ha probado que ha habido una agresión, y que se va a iniciar un procedimiento para determinarlo». Y aquí el juez está siempre obligado a apreciar una situación de riesgo. «Es muy complicado, por no decir imposible, que si la persona a la que se debe proteger de un riesgo alega que el tal riesgo no existe, y que por ello va a reanudar la convivencia con su pareja, el juez pueda imponerle la obligación de no convivir con quien ha sido su agresor».
En el Observatorio de Violencia Doméstica, su responsable, Montserrat Comas, explica que en el día a día el fiscal se queda sin pruebas si la mujer retira su testimonio o se niega declarar contra su cónyuge -lo que ocurrió en Vitoria-, a menudo lo único que tiene a mano para sacar adelante el procedimiento. «Hablamos de una coacción verbal o un maltrato psicológico que no dejan rastro documental». El resultado es que el año pasado en España el 15% de las denunciantes se retractaron».
Para seguir adelante, el fiscal necesitará la declaración de la víctima. Comas aborda aquí la posibilidad de que las víctimas tengan obligación de declarar contra su cónyuge, consciente de que «esta dispensa está suponiendo en la práctica la impunidad de los agresores». «La única manera de frenar este riesgo -concluye- es que una vez puesta la denuncia, ésta prospere».
Víctimas que se culpan
En este contexto, Tardón es partidaria de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a una mujer de testificar contra su cónyuge. «No tiene sentido que la víctima tenga que ser advertida, como ocurre ahora, de que tiene derecho a no declarar contra su agresor. Esto les genera confusión y, al mismo tiempo, la sensación de que están rompiendo una cierta obligación moral o legal al acusarle. En la mayor parte de los casos -añade la magistrada- es un recurso para presionar a una víctima ya bastante debilitada, que además se culpa de la agresión».
Idéntica postura mostraba esta semana la Fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer Soledad Cazorla, para quien esta dispensa no tiene ningún sentido cuando la testigo es además víctima. «Imaginemos un hombre que viola a su sobrina. ¿Debemos proteger aquí los lazos familiares?». El complejo entramado de relaciones familiares es, a juicio de la fiscal, una trampa mortal. «La mujer suele bajar la guardia. No imagina que su compañero, el padre de sus hijos, pueda llegar a matarla, y por lo tanto a veces decide no declarar».
En declaraciones realizadas a un digital, Cazorla está también de acuerdo con que la retirada de las denuncias es el gran problema al que se enfrentan los fiscales, ya que se quedan «sin pruebas en muchas ocasiones» y recuerda que más del 30% de la retirada de las acusaciones se producen porque las víctimas no quieren declarar contra sus verdugos. «Si el acusado no tiene que declarar contra sí mismo y el testigo principal -la mujer- no testifica, nos quedamos sin pruebas».
Claro que no todos son de la opinión de que la falta de cooperación por parte de la víctima significa un punto y final en el procedimiento judicial. La presidenta de la Asociación Clara Campoamor no podía ser más clara esta semana. «La Fiscalía, los abogados del turno de oficio, la Policía, los servicios sociales... todos tienen que ponerse las pilas para evitar que episodios como el de Vitoria se repitan».
Pero Blanca Estrella va más allá. «¿Claro que muchas mujeres retiran la denuncia! ¿Para eso hicimos la Ley Integral Contra la Violencia de Género!», una norma -apostilla- «atada y bien atada», «con la que ninguna mujer que haya denunciado en este país puede morir». Sin embargo, obligar a la víctima a que declare en un juicio no es una posibilidad realista, «porque la víctimas siempre ponen en mayor riesgo su vida». La solución, a su juicio, pasa porque vecinos y familiares se animen a denunciar -«la ley les ofrece esa posibilidad»-. El juez, en definitiva, tiene que actuar si la mujer denuncia, no importa que luego se retracte. Lo que pasa es que debe contar con indicios suficientes y para que haga su trabajo, los pilares que sostienen su labor tienen que estar a la altura».
«Se puede hacer más»
Guillermo Portero, jefe de servicio de la Clínica Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, está de acuerdo con que se puede hacer más. «Más recursos y más personas para medir mejor la peligrosidad del maltratador y la vulnerabilidad de su víctima», algo fundamental cuando, a veces, las pruebas periciales son lo único que les queda a los jueces para determinar si la víctima de malos tratos que decide no declarar se manifiesta con libertad.
Como Portero, todos coinciden en que hace falta más coordinación. «La ley es mejorable, pero no tiene la culpa de nada. Su mayor virtud es que está logrando que se «visualice» un problema que se veía antes como un tabú. «No hay más casos, lo que pasa es que están más a la vista». Las estadísticas, entretanto, arrojan cifras espeluznantes: 344 mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en los últimos seis años, una media anual de 59 víctimas -el martes sumábamos ya 32-.
«La ley es joven y necesita recorrido -pide Montserrat Comas-, pero es un buen instrumento. Otra cosa es que no pueda cambiar de un día para otro una cultura machista y permisiva con patrones de dominio». Los mismos que recogía Raimunda de Peñafort en su libro 'Una juez frente al maltrato' cuando ponía en boca de un maltratador una aterradora frase: «Si no pego a mi mujer, ¿cómo la controlo?»
Un total de 240 vascas fueron agredidas por su pareja en el primer trimestre del año
10 de Junio
Un total de 240 vascas fueron agredidas por su pareja en el primer trimestre del año
Un total de 240 mujeres vascas sufrieron lesiones de distinta consideración al haber sido agredidas por sus respectivas parejas durante el primer trimestre del año. Según datos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, en el mismo periodo del año anterior fueron 236 las mujeres maltratadas.
Ana Salamanca Madrid/Gasteiz
A estas cifras hay que añadir que, hasta junio de este año, han sido asesinadas en la CAV dos mujeres, una en el barrio bilbaino de Zorroza el 23 de marzo y la otra en Gasteiz el pasado día 2.
En ambos casos los presuntos agresores fueron detenidos. En total han sido detenidos por la Ertzaintza 209 hombres por agredir a sus parejas o quebrantar una orden judicial de alejamiento.
En el Estado, al menos 19.620 mujeres denunciaron haber recibido malos tratos de su pareja o ex-pareja entre enero y abril de 2007, lo que representa 163 denuncias diarias y un aumento de un tres por ciento respecto a 2006. El pasado año las fuerzas de seguridad practicaron más de 46.000 detenciones como consecuencia de 62.170 denuncias presentadas.
Las cifras avalan el recorrido de la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero son ya 32 mujeres las que han muerto este año y los últimos casos han agitado cuestiones como la retirada de las denuncias o la dispensa a las víctimas de declarar contra su pareja, aspectos que hay que mejorar en la aplicación de la Ley, coinciden responsables del Gobierno, jueces y asociaciones de mujeres.
"Lo normal es que una mujer maltratada dude", asegura Raimunda de Peñafort, titular del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer en Madrid. "Cuando se denuncia a aquel con quien llevas años durmiendo y desnudándote, no se puede pedir que no tengas momentos de duda, de miedo al futuro, y que tengas un criterio firme".
Las agresiones, amenazas o quebrantamientos de orden de alejamiento motivaron 19.380 denuncias ante Policía y Guardia Civil hasta el pasado 30 de abril, según el Instituto de la Mujer. A estas cifras se añaden las 240 mujeres agredidas en el primer trimestre en el País Vasco y las atendidas por Mossos d'Esquadra, cuyos datos no están disponibles.
De las demandantes que acudieron a Policía y Guardia Civil, un 68 por ciento tenía entre 20 y 40 años, pero otras 385 eran menores. Además 6.220 eran extranjeras.
Casi una de cada cuatro -en concreto 4.528, un 23,3 %- se presentaron en Andalucía, seguida de Madrid (con 3.341, un 17,23%), Comunidad Valenciana (2.787, un 14,3%) y Canarias (1.641, un 8.48%).
Por tasa de población son Melilla, Ceuta, Canarias, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid las que más registraron.
Por otro lado, 3.410 hombres denunciaron malos tratos, un dos por ciento más que en 2006. El mayor número en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.
Heroínas
El incremento cada año de las denuncias refleja una voluntad decidida de las mujeres por salir de la situación, pero una parte no concluye el proceso.
Hay miedo, presión emocional o simplemente la víctima cree en el agresor y en una segunda oportunidad, como las dos asesinadas este mes en Gasteiz y La Aljorra (Cartagena).
"La mujer acude a la policía o al juez y vuelve a casa. Siguen expuestas al chantaje emocional y las amenazas. Hay mayor tensión", asegura Angeles Álvarez, de la Red de Organizaciones feministas. "¿Qué hacen? Retiran la denuncia. Normal. No podemos pedir que sean heroínas".
No son muchas, apostilla la juez Peñafort en declaraciones a Efe, pero "hay que entender que una mujer dé un paso adelante y tres para atrás, que tenga inseguridad, miedo y que no sepa lo que quiere".
La renuncia se da en un 12-14 por ciento de los casos, pero además cuando la víctima comparece ante el juez, éste debe recordarle que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime a los familiares de la obligación de declarar contra el agresor. Más del 30 por ciento de la retirada de las acusaciones por el fiscal fue porque las víctimas no testificaron contra su pareja.
"No tiene sentido que un artículo del siglo XIX ponga coto a esta Ley", afirma Peñafort, "Desde el principio he exigido su modificación".
La mujer maltratada acude al juzgado "con la cabeza hecha un taco" y lo primero que oye es que no tiene obligación de declarar. "La mayoría de las veces se acoge a ese derecho. Piensa: ya lo he visto detenido, no quiero que le hagan daño".
"Y cuando me dice que no declara, se me cae todo", afirma la juez. "Corrió a la policía y se le atendió, pidió protección y se le dio, y ahora, 48 horas después, dice que no colabora....". Pero "es inhumano pedir seguridad, firmeza y certidumbre a una mujer "psicológicamente machacada". Ella lo que quiere es "seguir con él, pero que no le pegue, y eso no está en mi mano".
Tras el asesinato de Asunción Villalba en Vitoria, que había retirado la denuncia contra su esposo, las asociaciones han reclamado que el hecho de retirar las acusaciones sea valorado como prueba de veracidad y que se modifique el artículo 416, "una alfombra para salir sin denunciar", señala Ángeles Álvarez.
Recriminación
Hay algo de recriminación en el mensaje "es que las mujeres retiran la denuncia y se quedan sin pruebas", continúa Álvarez, pero el problema "es la descoordinación" entre policía, juzgados y asistencia social y, tras la demanda, la víctima no encuentra apoyo en otras instituciones. Se queda sola.
"Se dan instrucciones de protección, pero la mujer debe sanarse emocionalmente y ser acompañada en el itinerario por un equipo que le diga qué es conveniente en cada momento", añade. Como ejemplo, la Asociación de Mujeres Juristas Themis lleva a cabo en Castilla-La Mancha un programa de asistencia con abogadas especialistas: la tasa de retractaciones entre estas víctimas bajó al 3 por ciento en 2005.
"Puede haber alguna fisura, pero la coordinación institucional es esencial y todos luchamos por ella", discrepa Peñafort. "Hay línea directa con la Policía y cualquier orden de protección es inmediata". "En el mismo juzgado hay un psicólogo y un trabajador social, y el abogado le acompaña a lo largo del proceso".
Si es un procedimiento de urgencia, el juez la ve el mismo día o al día siguiente, si es ordinario puede tardar un mes o mes y medio, y si se pide una orden de protección en 72 horas tiene que estar resuelta, agrega.
Por lo general aunque la denunciante quiera guardar silencio o retractarse, no supone la absolución. El fiscal sigue de oficio, explica Peñafort, porque hay partes médicos o psicológicos y sus propias declaraciones ante la Policía.
A lo largo de 2006 se celebraron 37.521 juicios por delitos y faltas de violencia de género, de los que 26.313 -el 70,2 por ciento- fueron condenas y 11.208 absoluciones, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En el mismo periodo se solicitaron 36.156 órdenes de protección y 27.078 fueron acordadas.
Las actuaciones de las fuerzas de seguridad se han incrementando cada año. En 2006 fueron detenidas 45.296 personas por Policía y Guardia Civil, según el Ministerio del Interior, y la Ertazintza detuvo otros 902 hombres por agredir a su pareja o quebrantar una orden de alejamiento. La media es de 126 agresores cada día.
En doce casos de las 32 muertes de este año -el 40 por ciento- había constancia de malos tratos anteriores: cuatro de los agresores tenían orden de alejamiento y otros ocho denuncias o antecedentes.
Un total de 240 vascas fueron agredidas por su pareja en el primer trimestre del año
Un total de 240 mujeres vascas sufrieron lesiones de distinta consideración al haber sido agredidas por sus respectivas parejas durante el primer trimestre del año. Según datos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, en el mismo periodo del año anterior fueron 236 las mujeres maltratadas.
Ana Salamanca Madrid/Gasteiz
A estas cifras hay que añadir que, hasta junio de este año, han sido asesinadas en la CAV dos mujeres, una en el barrio bilbaino de Zorroza el 23 de marzo y la otra en Gasteiz el pasado día 2.
En ambos casos los presuntos agresores fueron detenidos. En total han sido detenidos por la Ertzaintza 209 hombres por agredir a sus parejas o quebrantar una orden judicial de alejamiento.
En el Estado, al menos 19.620 mujeres denunciaron haber recibido malos tratos de su pareja o ex-pareja entre enero y abril de 2007, lo que representa 163 denuncias diarias y un aumento de un tres por ciento respecto a 2006. El pasado año las fuerzas de seguridad practicaron más de 46.000 detenciones como consecuencia de 62.170 denuncias presentadas.
Las cifras avalan el recorrido de la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero son ya 32 mujeres las que han muerto este año y los últimos casos han agitado cuestiones como la retirada de las denuncias o la dispensa a las víctimas de declarar contra su pareja, aspectos que hay que mejorar en la aplicación de la Ley, coinciden responsables del Gobierno, jueces y asociaciones de mujeres.
"Lo normal es que una mujer maltratada dude", asegura Raimunda de Peñafort, titular del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer en Madrid. "Cuando se denuncia a aquel con quien llevas años durmiendo y desnudándote, no se puede pedir que no tengas momentos de duda, de miedo al futuro, y que tengas un criterio firme".
Las agresiones, amenazas o quebrantamientos de orden de alejamiento motivaron 19.380 denuncias ante Policía y Guardia Civil hasta el pasado 30 de abril, según el Instituto de la Mujer. A estas cifras se añaden las 240 mujeres agredidas en el primer trimestre en el País Vasco y las atendidas por Mossos d'Esquadra, cuyos datos no están disponibles.
De las demandantes que acudieron a Policía y Guardia Civil, un 68 por ciento tenía entre 20 y 40 años, pero otras 385 eran menores. Además 6.220 eran extranjeras.
Casi una de cada cuatro -en concreto 4.528, un 23,3 %- se presentaron en Andalucía, seguida de Madrid (con 3.341, un 17,23%), Comunidad Valenciana (2.787, un 14,3%) y Canarias (1.641, un 8.48%).
Por tasa de población son Melilla, Ceuta, Canarias, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid las que más registraron.
Por otro lado, 3.410 hombres denunciaron malos tratos, un dos por ciento más que en 2006. El mayor número en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias.
Heroínas
El incremento cada año de las denuncias refleja una voluntad decidida de las mujeres por salir de la situación, pero una parte no concluye el proceso.
Hay miedo, presión emocional o simplemente la víctima cree en el agresor y en una segunda oportunidad, como las dos asesinadas este mes en Gasteiz y La Aljorra (Cartagena).
"La mujer acude a la policía o al juez y vuelve a casa. Siguen expuestas al chantaje emocional y las amenazas. Hay mayor tensión", asegura Angeles Álvarez, de la Red de Organizaciones feministas. "¿Qué hacen? Retiran la denuncia. Normal. No podemos pedir que sean heroínas".
No son muchas, apostilla la juez Peñafort en declaraciones a Efe, pero "hay que entender que una mujer dé un paso adelante y tres para atrás, que tenga inseguridad, miedo y que no sepa lo que quiere".
La renuncia se da en un 12-14 por ciento de los casos, pero además cuando la víctima comparece ante el juez, éste debe recordarle que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime a los familiares de la obligación de declarar contra el agresor. Más del 30 por ciento de la retirada de las acusaciones por el fiscal fue porque las víctimas no testificaron contra su pareja.
"No tiene sentido que un artículo del siglo XIX ponga coto a esta Ley", afirma Peñafort, "Desde el principio he exigido su modificación".
La mujer maltratada acude al juzgado "con la cabeza hecha un taco" y lo primero que oye es que no tiene obligación de declarar. "La mayoría de las veces se acoge a ese derecho. Piensa: ya lo he visto detenido, no quiero que le hagan daño".
"Y cuando me dice que no declara, se me cae todo", afirma la juez. "Corrió a la policía y se le atendió, pidió protección y se le dio, y ahora, 48 horas después, dice que no colabora....". Pero "es inhumano pedir seguridad, firmeza y certidumbre a una mujer "psicológicamente machacada". Ella lo que quiere es "seguir con él, pero que no le pegue, y eso no está en mi mano".
Tras el asesinato de Asunción Villalba en Vitoria, que había retirado la denuncia contra su esposo, las asociaciones han reclamado que el hecho de retirar las acusaciones sea valorado como prueba de veracidad y que se modifique el artículo 416, "una alfombra para salir sin denunciar", señala Ángeles Álvarez.
Recriminación
Hay algo de recriminación en el mensaje "es que las mujeres retiran la denuncia y se quedan sin pruebas", continúa Álvarez, pero el problema "es la descoordinación" entre policía, juzgados y asistencia social y, tras la demanda, la víctima no encuentra apoyo en otras instituciones. Se queda sola.
"Se dan instrucciones de protección, pero la mujer debe sanarse emocionalmente y ser acompañada en el itinerario por un equipo que le diga qué es conveniente en cada momento", añade. Como ejemplo, la Asociación de Mujeres Juristas Themis lleva a cabo en Castilla-La Mancha un programa de asistencia con abogadas especialistas: la tasa de retractaciones entre estas víctimas bajó al 3 por ciento en 2005.
"Puede haber alguna fisura, pero la coordinación institucional es esencial y todos luchamos por ella", discrepa Peñafort. "Hay línea directa con la Policía y cualquier orden de protección es inmediata". "En el mismo juzgado hay un psicólogo y un trabajador social, y el abogado le acompaña a lo largo del proceso".
Si es un procedimiento de urgencia, el juez la ve el mismo día o al día siguiente, si es ordinario puede tardar un mes o mes y medio, y si se pide una orden de protección en 72 horas tiene que estar resuelta, agrega.
Por lo general aunque la denunciante quiera guardar silencio o retractarse, no supone la absolución. El fiscal sigue de oficio, explica Peñafort, porque hay partes médicos o psicológicos y sus propias declaraciones ante la Policía.
A lo largo de 2006 se celebraron 37.521 juicios por delitos y faltas de violencia de género, de los que 26.313 -el 70,2 por ciento- fueron condenas y 11.208 absoluciones, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En el mismo periodo se solicitaron 36.156 órdenes de protección y 27.078 fueron acordadas.
Las actuaciones de las fuerzas de seguridad se han incrementando cada año. En 2006 fueron detenidas 45.296 personas por Policía y Guardia Civil, según el Ministerio del Interior, y la Ertazintza detuvo otros 902 hombres por agredir a su pareja o quebrantar una orden de alejamiento. La media es de 126 agresores cada día.
En doce casos de las 32 muertes de este año -el 40 por ciento- había constancia de malos tratos anteriores: cuatro de los agresores tenían orden de alejamiento y otros ocho denuncias o antecedentes.
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