jueves, 14 de junio de 2007

Jueces piden que la ley obligue a las víctimas a declarar para no dejar impune el maltrato

La ley obliga a los tribunales a actuar de oficio, aunque jueces y fiscales alegan que es «imposible» proteger a alguien que niega estar en peligro.

Las mujeres maltratadas retiran el 15% de las denuncias que interponen.

SERGIO GARCÍA/BILBAO

La muerte de Asun Villalba a manos de su marido el pasado fin de semana en Vitoria ha puesto sobre la mesa uno de los aspectos más espinosos de la batalla legal emprendida para atajar la violencia de género. La denuncia interpuesta en calidad de «víctima de maltrato psicológico» y la imposibilidad de que el juez dictase una orden de protección ante la posterior renuncia de ella «a toda acción civil o penal» contra su esposo, ha avivado el debate sobre la necesidad de que los tribunales actúen de oficio para proteger a estas mujeres... aunque no quieran.

Alfonso González Guija, coordinador juzgados de violencia doméstica del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cree que la iniciativa merece ser tenida en cuenta y no le parece desajustada a derecho. «La valoro positivamente, y más en un contexto como éste en el que a menudo faltan pruebas de cargo». El magistrado, sin embargo, hace una advertencia: si no hay voluntad de incriminar, la mujer puede incurrir en falso testimonio, y si no acude a declarar, ser detenida». A su juicio, es «evidente» que en el crimen de Vitoria el sistema no ha funcionado -«transmitir lo contrario sería pecar de corporativismo»-, aunque no tiene ningún reproche para la labor de jueces y fiscales. «Resulta más fácil dar una orden de protección que denegarla, aunque sea para curarse en salud. El problema -añade- es cuando la víctima no es consciente del riesgo ni transmite esa sensación al juez».

«No es algo privado»

María Tardón, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia de género, no alberga ninguna duda. Las instituciones deben actuar de oficio cuando tengan conocimiento, por el medio que sea, de que ha podido producirse un acto de esta naturaleza, incluso en el caso de que la víctima 'retire' la denuncia, «expresión inexacta, porque la denuncia es una manifestación de que se han producido unos hechos perseguibles y que, una vez hecha, ya despliega todos sus efectos independientemente de la voluntad de la víctima».

La magistrada advierte de que, en caso contrario, «se correría el riesgo de entender que la violencia en el ámbito de la pareja o de la familia, es algo privado» y que el Estado debe desentenderse de ellas hasta que las víctimas le pidan que intervenga. «Nuestro ordenamiento jurídico se rige por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, luego cualquier vulneración de tales derechos debe importar a los poderes públicos, lo denuncien los afectados o no».

Otra cosa son las órdenes de protección, advierte Tardón, «porque son medidas cautelares que se producen cuando todavía no se ha probado que ha habido una agresión, y que se va a iniciar un procedimiento para determinarlo». Y aquí el juez está siempre obligado a apreciar una situación de riesgo. «Es muy complicado, por no decir imposible, que si la persona a la que se debe proteger de un riesgo alega que el tal riesgo no existe, y que por ello va a reanudar la convivencia con su pareja, el juez pueda imponerle la obligación de no convivir con quien ha sido su agresor».

En el Observatorio de Violencia Doméstica, su responsable, Montserrat Comas, explica que en el día a día el fiscal se queda sin pruebas si la mujer retira su testimonio o se niega declarar contra su cónyuge -lo que ocurrió en Vitoria-, a menudo lo único que tiene a mano para sacar adelante el procedimiento. «Hablamos de una coacción verbal o un maltrato psicológico que no dejan rastro documental». El resultado es que el año pasado en España el 15% de las denunciantes se retractaron».

Para seguir adelante, el fiscal necesitará la declaración de la víctima. Comas aborda aquí la posibilidad de que las víctimas tengan obligación de declarar contra su cónyuge, consciente de que «esta dispensa está suponiendo en la práctica la impunidad de los agresores». «La única manera de frenar este riesgo -concluye- es que una vez puesta la denuncia, ésta prospere».

Víctimas que se culpan

En este contexto, Tardón es partidaria de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a una mujer de testificar contra su cónyuge. «No tiene sentido que la víctima tenga que ser advertida, como ocurre ahora, de que tiene derecho a no declarar contra su agresor. Esto les genera confusión y, al mismo tiempo, la sensación de que están rompiendo una cierta obligación moral o legal al acusarle. En la mayor parte de los casos -añade la magistrada- es un recurso para presionar a una víctima ya bastante debilitada, que además se culpa de la agresión».

Idéntica postura mostraba esta semana la Fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer Soledad Cazorla, para quien esta dispensa no tiene ningún sentido cuando la testigo es además víctima. «Imaginemos un hombre que viola a su sobrina. ¿Debemos proteger aquí los lazos familiares?». El complejo entramado de relaciones familiares es, a juicio de la fiscal, una trampa mortal. «La mujer suele bajar la guardia. No imagina que su compañero, el padre de sus hijos, pueda llegar a matarla, y por lo tanto a veces decide no declarar».

En declaraciones realizadas a un digital, Cazorla está también de acuerdo con que la retirada de las denuncias es el gran problema al que se enfrentan los fiscales, ya que se quedan «sin pruebas en muchas ocasiones» y recuerda que más del 30% de la retirada de las acusaciones se producen porque las víctimas no quieren declarar contra sus verdugos. «Si el acusado no tiene que declarar contra sí mismo y el testigo principal -la mujer- no testifica, nos quedamos sin pruebas».

Claro que no todos son de la opinión de que la falta de cooperación por parte de la víctima significa un punto y final en el procedimiento judicial. La presidenta de la Asociación Clara Campoamor no podía ser más clara esta semana. «La Fiscalía, los abogados del turno de oficio, la Policía, los servicios sociales... todos tienen que ponerse las pilas para evitar que episodios como el de Vitoria se repitan».

Pero Blanca Estrella va más allá. «¿Claro que muchas mujeres retiran la denuncia! ¿Para eso hicimos la Ley Integral Contra la Violencia de Género!», una norma -apostilla- «atada y bien atada», «con la que ninguna mujer que haya denunciado en este país puede morir». Sin embargo, obligar a la víctima a que declare en un juicio no es una posibilidad realista, «porque la víctimas siempre ponen en mayor riesgo su vida». La solución, a su juicio, pasa porque vecinos y familiares se animen a denunciar -«la ley les ofrece esa posibilidad»-. El juez, en definitiva, tiene que actuar si la mujer denuncia, no importa que luego se retracte. Lo que pasa es que debe contar con indicios suficientes y para que haga su trabajo, los pilares que sostienen su labor tienen que estar a la altura».

«Se puede hacer más»

Guillermo Portero, jefe de servicio de la Clínica Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, está de acuerdo con que se puede hacer más. «Más recursos y más personas para medir mejor la peligrosidad del maltratador y la vulnerabilidad de su víctima», algo fundamental cuando, a veces, las pruebas periciales son lo único que les queda a los jueces para determinar si la víctima de malos tratos que decide no declarar se manifiesta con libertad.

Como Portero, todos coinciden en que hace falta más coordinación. «La ley es mejorable, pero no tiene la culpa de nada. Su mayor virtud es que está logrando que se «visualice» un problema que se veía antes como un tabú. «No hay más casos, lo que pasa es que están más a la vista». Las estadísticas, entretanto, arrojan cifras espeluznantes: 344 mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en los últimos seis años, una media anual de 59 víctimas -el martes sumábamos ya 32-.

«La ley es joven y necesita recorrido -pide Montserrat Comas-, pero es un buen instrumento. Otra cosa es que no pueda cambiar de un día para otro una cultura machista y permisiva con patrones de dominio». Los mismos que recogía Raimunda de Peñafort en su libro 'Una juez frente al maltrato' cuando ponía en boca de un maltratador una aterradora frase: «Si no pego a mi mujer, ¿cómo la controlo?».
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